La degradación del bosque amazónico: una amenaza global
Conferencia pronunciada el 20 de abril de 2023 en el Museo de la Ciudad (Móstoles)
En la actualidad las evidencias
de que el clima de nuestro planeta está cambiando a un ritmo acelerado son
abrumadoras. La temperatura media de la tierra ha aumentado en 0,9 ⁰C en poco más
de cien años, en el Ártico se reduce la extensión de la banquisa, en Siberia se
deshiela el permafrost, en los Alpes retroceden los glaciares y en las
costas aumenta el nivel del mar. Son solo unos pocos ejemplos de fenómenos cuantificables
y ampliamente estudiados. Observamos también cómo se alarga la duración de los
veranos y cómo las olas de calor y las sequías se hacen más frecuentes e
intensas, sin que eso excluya súbitas invasiones de aire extremadamente frío y
ocasionales nevadas de una intensidad desconocida, fruto de las perturbaciones originadas
por el calentamiento en la circulación general atmosférica.
Ciertamente, el clima no es una
realidad estática. Ahora somos capaces de reconstruir de manera bastante
aproximada su evolución a lo largo del tiempo. Sabemos así que tras el momento
álgido de la última glaciación, hace unos veinte mil años, las temperaturas comenzaron
a ascender lentamente y que este proceso no se desarrolló de una manera lineal,
sino que experimentó diversas oscilaciones. Así, los paleoclimatólogos han
podido determinar que al período cálido medieval, que se extendió aproximadamente
desde el siglo X hasta principios del XIV, le sucedió uno frío, la pequeña edad
de hielo, que se prolongó hasta mediados del siglo XIX. Hay que tener presente
que no solo fluctuaban las temperaturas, sino que también se alteraba el
régimen de precipitaciones y que ambos fenómenos conectados incidían en el
rendimiento y extensión de cultivos y pastos. Son hechos que hay tomar en consideración
al estudiar procesos históricos como la aparición, consolidación y colapso de
centros de poder capaces de extender su dominio sobre vastos territorios o, por
ejemplo, las migraciones germánicas o la expansión vikinga.
Llegados a este punto, surge
necesariamente un interrogante. Si el clima ha variado repetidamente a lo largo
de la historia, ¿qué nos hace pensar que su evolución actual no constituye un
fenómeno natural, sino que se debe a causas antrópicas? Para responderla es
necesario que nos refiramos a los mecanismos por los que nuestro planeta
retiene una parte de la energía que le transmite la radiación solar en lugar de
reflejarla hacia el espacio. Si a unos días tórridos no les suceden unas noches
gélidas, se debe a que la atmósfera actúa como un termorregulador capaz de
almacenar calor, gracias a que algunos de sus componentes absorben energía durante
el día y luego la liberan en forma de radiación infrarroja calentando el aire. Se
trata fundamentalmente del dióxido de carbono (CO2), el vapor de
agua, el metano (CH4), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el
óxido nitroso (N2O). Son los que genéricamente denominamos “gases de
efecto invernadero”, y su concentración no ha cesado de aumentar desde los
inicios de la revolución industrial.
Algunos fenómenos naturales, como
las erupciones volcánicas, la descomposición de las plantas o incendios
forestales fortuitos, lanzan a la atmósfera este tipo de gases, pero, por lo
general, sus efectos son limitados, pues las plantas, sobre todo los grandes
bosques, en el proceso de fotosíntesis contribuyen a estabilizar el clima al
absorber dióxido de carbono a la vez que producen oxígeno. Desde los inicios de
la revolución industrial a mediados del siglo XVIII actúan, sin embargo, otros
factores que alteran un equilibrio que no excluía, como ya se ha señalado,
fluctuaciones a largo plazo. Entre ellos, cabe destacar el aumento de las
emisiones, debido a la utilización masiva de combustibles fósiles, y la
disminución del área ocupada por los bosques. En consecuencia, la concentración
de CO2 en la atmósfera, que cuando se iniciaron las mediciones en el
observatorio de Mauna Loa en 1958, era de 315 ppm (partes por millón), alcanzó las
415 ppm en la primavera de 2019; la de metano, ligada a la ganadería y a la
producción de carbón, gas natural y petróleo, se ha incrementado en un 150%
desde 1750, y han crecido asimismo, las de compuestos de nitrógeno, liberados
por actividades agrícolas e industriales y por el deshielo del permafrost[1].
Los gases de efecto invernadero,
en particular el dióxido de carbono, permanecen largo tiempo en la atmósfera,
lo que implica que no es posible revertir el calentamiento. Sí está a nuestro
alcance limitarlo reduciendo las emisiones y la deforestación. El Acuerdo de
París de 2015, impulsado por la CMNUCC (Convención de las Naciones Unidas para
el Cambio Climático, conocida como ONU Cambio Climático), se fijó como objetivo
mantenerlo por debajo de los 2⁰C, preferiblemente en 1,5 ⁰C, sobre los niveles
preindustriales. Cuatro años después, en 2019, un informe del IPCC (Grupo
Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático) advirtió de que ya se
habían alcanzado los 1,1 ⁰C e insistió en las causas antrópicas del fenómeno. Más
recientemente, en el mes de marzo, el IPCC ha señalado que las emisiones, en
lugar de disminuir, aumentaron en 2022 un 1%, lo que aleja la posibilidad de
limitar a 2 ⁰C el calentamiento[2].
Insinuar que el cambio climático
actual obedece a causas naturales, como ha hecho recientemente la presidenta de
la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso[3],
desafía no solo la evidencia científica, sino incluso el sentido común, pues
implica negar que la utilización masiva de combustibles fósiles en industrias,
vehículos y hogares, unida a la deforestación, aumente la concentración
atmosférica de gases de efecto invernadero. Son argumentos similares a los invocados
por Donald Trump para retirar a los Estados Unidos del acuerdo de París y por
Jair Bolsonaro para estimular la explotación de la Amazonia brasileña. Los tres
coinciden en descalificar como agentes de intereses oscuros y en tildar de
comunistas a quienes reclaman la adopción de medidas urgentes. Una categoría en
la que, por cierto, encaja plenamente el papa Francisco, autor de manifiestos
revolucionarios tales como la encíclica Laudato si’ y la exhortación
apostólica Querida Amazonia.
Las consecuencias del cambio
climático no son desde luego la disminución del número de muertos por frío que apuntó
frívolamente el diputado de Vox Francisco José Contreras[4].
Desgraciadamente hablamos de algo serio. Tan serio que compromete el futuro de
la humanidad. Aunque ya se ha aludido a ellas someramente, es necesario que aún
les dediquemos algo de atención. La Comisión Europea, de la que tal vez sea
necesario recordar que nada tiene que ver con la Tercera o la Cuarta
Internacional, admite que en nuestro continente el aumento de la temperatura
media alterará la distribución y abundancia de numerosas especies vegetales y
animales, y que probablemente influirá en sus ciclos de vida e incrementará las
plagas y epidemias. Todo ello, unido a la mayor duración de las sequías,
repercutirá en una disminución de los rendimientos agrícolas y de la
disponibilidad de agua. La subida del nivel del mar, que a final de siglo
podría alcanzar entre sesenta y ochenta centímetros, aumentará las inundaciones
y la erosión en las costas, con graves consecuencias para sus habitantes, las
infraestructuras, las empresas y la naturaleza. Aumentará asimismo la
morbilidad relacionada con el calor y aparecerán nuevas enfermedades. Naturalmente,
la agravación de las dificultades económicas en países con menos recursos afectará
a las migraciones. No es necesario continuar con la enumeración, aunque sí es
importante recalcar que, como suele suceder en situaciones de crisis, el
impacto será especialmente negativo para los sectores de la población con menores
ingresos y de mayor edad, lo que conllevará una mayor incidencia sobre las
mujeres[5].
Por su parte, la ONU agrupa en varias categorías los efectos del cambio
climático: elevación de temperaturas, tormentas más potentes, aumento de las
sequías, aumento del nivel del océano y calentamiento del agua, desaparición de
especies, escasez de alimentos, riesgos para la salud, pobreza y
desplazamientos[6].
En la lucha contra el cambio
climático los bosques, como ya se ha indicado, tienen un papel fundamental en
cuanto sumideros de dióxido de carbono. De entre ellos, las selvas tropicales,
extendidas a ambos lados del ecuador por América, África, Asia y Oceanía,
destacan no solo por su extensión, sino también por su riqueza en especies
vegetales y animales, así como por ser el hogar de numerosos pueblos dotados de
lenguas y culturas específicas. La Amazonia, o Amazonía, como se dice en el
español de aquella tierra, alberga la mayor de todas ellas. En sentido amplio,
no limitado estrictamente a la cuenca del río que le da nombre, sino sumando
las del Tocantins-Araguaia, así como las Guayanas, se trata de una enorme
región de unos ocho millones y medio de km2 (diecisiete veces
España), repartidos entre nueve países, en la que viven unos 47 millones de
habitantes (aproximadamente tantos como España), de los cuales algo más de dos
millones pertenecen a cuatrocientos diez pueblos indígenas, incluidos ochenta y
dos en aislamiento voluntario[7].
Su biodiversidad desafía la imaginación. Baste decir, para hacernos una idea,
que en el área de Iquitos se han registrado sesenta y cuatro especies de
palmeras, doscientas de mamíferos, veintiséis de loros y otras tantas de
colibríes[8].
Sin embargo, a pesar de su vital
importancia para todo el planeta, la Amazonia, como el resto de los bosques
tropicales, está sometida a múltiples agresiones a consecuencia de las cuales
experimenta un serio proceso de degradación. La pérdida de superficie forestal
se traduce en una disminución de las precipitaciones, ya que aproximadamente el
50% de estas, unos veintidós mil millones de toneladas de agua, procede de la
evapotranspiración del propio bosque[9].
En una entrevista publicada hace un año en el diario El País, el
meteorólogo brasileño Carlos Nobre, tras señalar que sus árboles almacenan
entre 150.000 y 200.000 millones de toneladas de carbono, que podrían pasar a
la atmósfera, advertía de que unos 2,3 millones de km2,
principalmente en el sur, presentan ya síntomas de muerte. En ellos, la
estación seca se ha alargado en cinco semanas desde principios de los ochenta,
con lo que ya dura más de cuatro meses, con la cual pronto, si se mantiene la
tendencia actual, su clima dejará de ser tropical y la selva será sustituida
por la sabana[10]. El
retroceso de la selva se debe a talas y quemas cuya finalidad no es solo el
aprovechamiento maderero, sino también liberar terreno para la agricultura, la
ganadería, diversas industrias, la construcción de infraestructuras, etc. Según
una investigación de la Red Amazónica de Información Socioambiental
Georreferenciada (RAISG), en el año 2020 el 20% de la Amazonia (164 millones de
hectáreas) había sufrido un cambio de uso de suelo irreversible y el 6% (54
millones de hectáreas) una alta degradación, siendo Brasil y Bolivia los países
más afectados[11]. En agosto
de 2022, último año de mandato de Jair Bolsonaro, los satélites registraron
33.126 focos de incendio en la Amazonia brasileña[12].
A la pérdida de capacidad de la zona deforestada para absorber dióxido de
carbono hay que sumar el enviado directamente a la atmósfera por la combustión
de la madera. Hemos de tener en cuenta además que los suelos tropicales, una
vez perdida la cobertura forestal, son pobres en nutrientes, pues estos
proceden fundamentalmente de la descomposición de los restos vegetales; quedan también
expuestos a la erosión, a la par que la disminución de la humedad aumenta la
probabilidad de incendios y facilita su propagación.
Hace tiempo que son perceptibles
los efectos del cambio climático en la Amazonia. Un estudio publicado en Perú
por la Fundación M. J. Bustamente de la Fuente[13]
señalaba ya en 2010 los cambios en la biodiversidad, en los calendarios de
fructificación de algunas plantas y de reproducción de algunas especies
animales, la presencia en la selva alta de aves representativas de la selva
baja, incremento de las temperaturas, alteraciones en el régimen hídrico
perceptibles en la frecuencia con que se secan las quebradas y en el pulso de
inundación, que da lugar a que en ocasiones el nivel del Amazonas baje
drásticamente en épocas que deberían ser de creciente. De una forma más
concreta, apunta a la elevación en 2 ºC del promedio de temperaturas mínimas en
la región de Moyabamba entre 1965 y 2005, a la escasez de agua en el Huallaga
central y el alto Mayo, a la disminución de caudal de las quebradas en
Cajamarca, debido a las bajas precipitaciones y a la pérdida de bosques; en la
Amazonia brasileña documenta igualmente la bajada de nivel del río Acre entre
1985 y 2007. Todo ello ha perjudicado sobre todo a la población rural,
especialmente en la selva baja, donde ha habido que sustituir ciertos cultivos
y se ha padecido la aparición de nuevas plagas. En general, se observa una
disminución de la producción, que no solo afecta a los productos agrícolas,
sino también a la pesca.
João Meirelles, director general del
Instituto Peabiru, una ONG con sede en Belém, señalaba en 2020 que el 80% de la
tierra deforestada en Brasil se destina a pastizales cuya productividad es muy
baja y que se abandonan cuando, debido a su degradación por la baja fertilidad
del suelo y la erosión, resulta más barato despejar otra zona de selva. En
segundo lugar mencionaba los cultivos de soja[14].
Otras extensiones deforestadas se
destinan a plantaciones de palma aceitera. El 17 de julio de 2020, en un
momento en que su cultivo ocupaba ya más de 300.000 ha., situadas en su mayor
parte en la provincia costera de Esmeraldas, aunque también se extendía por las
de Santo Domingo, igualmente perteneciente a la vertiente del Pacífico, y por
las amazónicas de Sucumbíos, Orellana y otras, la Asamblea Nacional de Ecuador
aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción,
Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma
Aceitera y sus Derivados. En una carta abierta dirigida al presidente de la
República, Lenin Moreno, diversas organizaciones sociales recordaron que la
agroindustria de la palma es una de las principales causas de la desaparición
de los bosques tropicales y señalaron entre sus efectos la pérdida de
biodiversidad, la contaminación de suelos y ríos, y el acaparamiento de agua y
tierras en perjuicio de las comunidades locales. Indicaban también que la nueva
ley violaba el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de los que Ecuador es uno de los
países signatarios, e incluso la propia constitución del país, cuyo capítulo
VII reconoce los derechos de la Naturaleza[15]. Entre
los cultivos en expansión hay que incluir también la coca, cuya producción y
tráfico alimentan un floreciente negocio controlado por bandas criminales que
extienden su actividad a otros ámbitos y se hacen cada vez más presentes en la
región.
Las grandes infraestructuras de
comunicaciones al hacer más accesible la selva facilitan las actividades
madereras y mineras, tanto legales como ilegales, así como la expansión de las
explotaciones ganaderas y agrícolas, convirtiéndose, por tanto, en un factor de
deforestación. Esta ha sido muy notable a lo largo de carreteras como la
BR-230, conocida como Transamazónica, que con una longitud de más de 4000 km
une en sentido este-oeste las ciudades de Cabedelo (Paraíba) y Lábrea
(Amazonas), y la BR-163 de unos 3500 km desde Teniente Portela (Rio Grande do
Sul) hasta Santerém (Pará), al norte en la confluencia de los ríos Tapajós y
Amazonas. Con ellas enlazan pistas a menudo no registradas que se internan en
la selva, lo que multiplica su impacto. Algo similar ocurre con proyectos como
la hidrovía amazónica peruana, cuyo propósito es agilizar la navegación por los
ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas. Ello exigiría trabajos de dragado e
incluso en algunos lugares rectificación del curso, con lo que a los efectos de
deforestación hay que agregarles las consecuencias que para los ecosistemas
fluviales y la vida de las poblaciones ribereñas, muy dependientes de la pesca,
tendrían el aumento de la contaminación y la modificación en la velocidad de la
corriente, con repercusiones sobre la erosión y el pulso de inundación, la
alternancia entre crecientes y bajantes, vital para la fertilidad de los
suelos. La construcción de presas en los ríos tiene también importantes efectos
medioambientales, entre ellos el anegar permanentemente terrenos antes ocupados
por la selva, retener los sedimentos arrastrados por la corriente y constituir
barreras para el desplazamiento de las especies acuáticas.
Actividades como la explotación
petrolera y minera, esta última en muchos casos ilegal e incontrolada, si bien
no producen de forma directa un grado tan alto de deforestación, contaminan
gravemente las aguas y los suelos con hidrocarburos, mercurio y otros metales
pesados; un hecho agravado por mal estado de muchas instalaciones. El oleoducto
Norperuano, que transporta el crudo desde los yacimientos amazónicos hasta la
costa del Pacífico a través de los Andes[16]
y que fue financiado mediante un crédito japonés bastante oneroso, sufre
continuos derrames (doscientos sesenta y ocho en el período comprendido entra
2011 y 2020[17]) en su
mayoría debidos a un deficiente mantenimiento.
La deforestación se ha
justificado en nombre del progreso y del desarrollo económico. Ha predominado
la concepción de la selva como un territorio cuya enorme riqueza potencial
permanece desaprovechada a causa de la incuria de sus habitantes. En 1830 el
Reglamento para los Gobernadores de la provincia de Maynas (Perú) decía de los
indígenas:
viven
desnudos, entregados al ocio y a la más espantosa miseria de que proviene su
ninguna civilización y su desdichada muerte porque se alimentan de reptiles
venenosos y frutas montaraces y dañosas…[18].
Si no pensáramos en sus consecuencias
no podríamos por menos que estallar en una larga carcajada ante la arrogancia
de unos criollos de Lima que se creían capacitados para enseñar a los pueblos
amazónicos qué plantas y animales de sus bosques y ríos podían consumir. No se
trata, sin embargo, de un chiste. Tan solo dos años después se aprobaba una ley
por la cual se entregarían de forma gratuita tierras a los nacionales y extranjeros
que desearan establecerse en la región. La medida implicaba que no se
reconocían los derechos territoriales de los indígenas, quienes serían
despojados en beneficio de los colonos. A los salvajes no les quedaba otra salida
que adaptarse a la civilización, es decir, convertirse en mano de obra barata y
fácilmente reemplazable, de hecho prácticamente en esclavos, o, en caso de
resistirse o resultar excesivamente molestos, ser exterminados. Esta y otras
leyes posteriores encaminadas a estimular la inmigración blanca no tuvieron,
sin embargo, mucho éxito. En general, los europeos prefirieron marchar a países
de clima templado, como los Estados Unidos o Argentina, apropiados para la
agricultura cerealística y la ganadería extensiva. Los resultados, que podemos
sintetizar en dos expresiones, sendero de las lágrimas y campaña del desierto,
fueron desastrosos para los pueblos originarios en ambas naciones, pero escapan
al tema que ahora nos ocupa. Digamos tan solo que ahora a eso lo llamamos
limpieza étnica.
El desarrollo industrial de Europa y
los Estados Unidos provocó a partir de 1880 un gran crecimiento de la demanda
de caucho. Era una materia prima que se obtenía de diversos árboles de los
géneros Hevea y Castilloa, que crecen dispersos en la selva. La esperanza de
amasar grandes fortunas atrajo a la Amazonia a un gran número de aventureros y,
como ahora se dice, emprendedores, quienes implantaron un sistema de terror que
les permitió, mediante amenazas, torturas, mutilaciones, asesinatos y obligándolos
a contraer deudas imposibles de saldar, disponer sin apenas costes del trabajo
de los considerados salvajes. Durante mucho tiempo el mundo ignoró el
sufrimiento sobre el que se erigían la riqueza y ostentación que deslumbraban a
los visitantes de Belém, Manaos o Iquitos, y cuando finalmente, a principios de
la segunda década del siglo XX, estalló el escándalo al divulgarse
internacionalmente el informe de Roger Casement, el caucho silvestre estaba
dejando de ser competitivo frente al procedente de las plantaciones de Malaca y
Borneo. Entonces la prosperidad de las ciudades amazónicas se desvaneció como
un espejismo. Persistió en Europa el recuerdo romantizado del cauchero Fitzcarrald,
cuya aventura llevó al cine Werner Herzog en 1982 en una película que soslaya
las facetas más sombrías del personaje; en la Amazonia, en cambio, la memoria
del horror se mantiene como una herida que no ha llegado a cicatrizar. Por lo
demás, el trato dado a los pueblos amazónicos no era distinto del que recibían
en África y Asia los habitantes de los territorios colonizados por europeos.
Desde la época de los caucheros se
han producido grandes avances en cuanto a los derechos de los indígenas, y en
general de las poblaciones amazónicas. Estos son reconocidos en los textos
constitucionales y en acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. No debemos, sin embargo, permitir que estos
textos solemnes y bien intencionados nos deslumbren. Representan una noble aspiración,
pero la realidad es sórdida. La vida de las poblaciones amazónicas está marcada
por la pobreza, la marginación y la violencia. Los tiempos en que madereros,
petroleros o ganaderos invadían un territorio y expulsaban a las comunidades
que lo poblaban no pertenecen a un remoto pasado. Es cierto que la selva ya no
es vista como un espacio vacío que se puede parcelar y distribuir entre colonos
para su explotación, pero la titulación de las comunidades, es decir, el
reconocimiento de su propiedad comunal sobre las tierras que tradicionalmente
han ocupado, avanza muy lentamente a través de una maraña de trámites y
dilaciones. Tampoco constituye una garantía suficiente de protección en lugares
en que apenas se hace sentir la presencia de unos estados, cuyas funciones a
menudo son desempeñadas por grandes empresas o incluso por organizaciones
criminales en colusión con políticos y funcionarios. La titulación además no
afecta al subsuelo ni, por tanto, a las reservas mineras y petrolíferas, cuya
propiedad, y con ella el derecho a cederlas en usufructo, se reserva el Estado.
A ello se suma la servidumbre de paso de gasoductos y oleoductos. El resultado
es que concesiones petroleras y mineras se superponen a los territorios
indígenas reconocidos e incluso a reservas nacionales como, por ejemplo, la Pacaya
Samiria en Loreto.
Pese a las legislaciones
nacionales y a los convenios internacionales en que se reconocen sus derechos,
los indígenas son objeto de una violencia continuada. Un informe de Human Rights
Watch fechado el 17 de septiembre de 2019, indicaba que la tala ilegal y los
incendios forestales en la Amazonia brasileña están ligados a actos de
violencia e intimidación contra los defensores de los bosques y con el fracaso
de las autoridades a la hora de investigarlos y llevarlos ante la justicia. Desde
2010 hasta 2019 la Comisión Pastoral de la Tierra, un organismo de la
Conferencia Episcopal Brasileña, documentó más de trescientos asesinatos de activistas
indígenas y ambientales, pero solo catorce llegaron a juicio[19].
Es un tipo de hechos que no se limita a Brasil, sino que afecta a todos los
países amazónicos. Aunque sea obvio, quiero insistir en que no hablo de números
en una estadística, sino de seres humanos.
Por eso, como un pobre homenaje, citaré a las últimas víctimas de las
que he tenido conocimiento. Lo hago advirtiéndoles de que posiblemente alguno
se me haya pasado por alto, pues sus muertes no suelen aparecer en nuestros
medios de comunicación. El pasado día 8 de este mes de abril cayó asesinado en Puerto
Ocopa (Junin, Perú) el líder asháninca Santiago Contonicón Antúnez; la misma
suerte habían corrido el dirigente kofán Eduardo Mendúa el 26 de febrero en
Sucumbíos (Ecuador), y el 5 de diciembre del año pasado Vilca Ampichi López,
apu de San Juan de Pachitea (Huánuco, Perú), o el 3 de septiembre, Janildo
Oliviera Guajajara, miembro del grupo indígena Guardianes de la Amazonia, en la
tierra Araribóia (Maranháo, Brasil). Esa misma noche falleció en el mismo
territorio Israel Carlos Miranda Guajajara, víctima de un atropello
posiblemente intencionado y una semana después seis disparos terminaron con la
vida de Antonio Cafeteiro Silva Guajajara. Son crímenes que han pasado casi
desapercibidos en la prensa europea, que sí se ha hecho eco con cierta amplitud
de los asesinatos en Brasil de Bruno Pereira, quien había sido director de la
División de Pueblos Indígenas Aislados del FUNAI, y del periodista británico
Don Philips el 5 de junio.
El problema no es únicamente que
estas acciones, encaminadas a amedrentar a las poblaciones locales y terminar
con la resistencia a la ocupación de sus tierras, queden a menudo impunes, sino
que perdura en ciertos ambientes sociales una concepción que entiende la
Amazonia como una tierra colmada de recursos infrautilizados y a los indígenas
como seres atrasados e indolentes, incapaces de discernir lo que realmente les
conviene. De este modo, en alguna medida la violencia ejercida contra ellos tiende
a presentarse como algo si no justificado, al menos disculpable. El 28 de
octubre de 2007 Alan García, entonces presidente de Perú, publicó en el diario El
Comercio un artículo en el que, bajo el significativo título de “El
síndrome del perro del hortelano”, denunciaba los obstáculos que, en nombre de
los derechos de los nativos y la defensa del medio ambiente, limitan el
crecimiento de la riqueza nacional[20].
Sus argumentos no son en esencia distintos de los que años después, en 2019,
aduciría el gobierno de Jair Bolsonaro para justificar su plan para desarrollar
la «Amazonia improductiva»[21].
En ambos casos se ha intentado igualmente deslegitimar las protestas acusando a
los dirigentes indígenas y activistas ambientales de impedir el progreso de sus
comunidades e instrumentalizarlas al servicio de los intereses espurios de
organizaciones no gubernamentales, deseosas de mantenerlas en la pobreza para recibir
mayor financiación internacional. Así lo expresó, por ejemplo, Ismael
Benavides, ministro de Agricultura de Perú, ante las protestas iniciadas por
wampis y awajún en abril de 2008, que desembocaron en el episodio sangriento de
Baguas[22].
Recurriendo a una retórica patriótica se intenta fijar la imagen de los líderes
más reivindicativos no solo como traidores a los comuneros, sino como
auténticos enemigos de la prosperidad nacional. Durante el mandato de Bolsonaro
(2019-2022) se ha estimulado la deforestación y se han debilitado los controles
ambientales y las políticas de apoyo a los indígenas, lo que ha tenido
consecuencias desastrosas. Un caso que ha saltado recientemente a la luz afecta
a los yanomamis de los estados de Roraima y Amazonas, diezmados a causa de la
creciente presencia en sus tierras de garimpeiros (buscadores de oro) armados. Estos
no solo contribuyen a la transmisión del paludismo y otras enfermedades, sino
que también se apropian de medicamentos destinados a los indígenas y, debido a
la utilización de mercurio, contaminan los suelos y las aguas. Según denunció el
doctor André Siquiera, enviado a la zona en enero por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), hay familias enteras que padecen desnutrición extrema
y están muy extendidas las infecciones respiratorias y diarreicas[23].
El 21 de enero, el presidente Lula da Silva visitó la zona y, tras calificar lo
ocurrido como un auténtico genocidio, se comprometió a terminar con la minería
ilegal en tierras indígenas. Por el contrario, pese a que la Asociación
Hutukara Yanomami ha denunciado que la minería ilegal ha crecido un doscientos
cincuenta por ciento en los últimos tres años, el gobernador de Roraima, el bolsonarista
Antonio Denarium, negó la responsabilidad de los mineros y aseguró que los
yanomamis «no pueden quedarse en la selva con aspecto de animales»[24].
Una expresión que no habría desentonado en el anteriormente citado Reglamento
para los Gobernadores de la provincia de Maynas de casi doscientos años atrás.
También se presenta oscuro el
futuro de los pueblos en aislamiento. Son aquellos que, de manera voluntaria,
generalmente a causa de experiencias traumáticas, rehúyen el contacto con lo
que llamamos civilización. Muchos, en la época en que los caucheros extendieron
el terror sobre los territorios amazónicos, buscaron en lo más recóndito de la
selva refugio contra la violencia, la esclavitud y las epidemias, tratando de
mantener su forma tradicional de vida. Dada su especial vulnerabilidad, los
países amazónicos han establecido marcos legales para su protección, orientados
a respetar su decisión y garantizar sus derechos. Se encuentran, sin embargo,
sometidos a una fuerte presión por parte de grupos deseosos de hacerse con sus
tierras. En Perú la petrolera franco-británica Perenco, concesionaria del lote 67
en Loreto, ha demandado al gobierno después de que este, mediante Decreto
Supremo emitido el 1 de septiembre de 2022, reconociera la presencia de pueblos
indígenas en aislamiento en la zona. La razón es que de esta manera se abre la
puerta a la creación en el Napo-Tigre de una reserva indígena, la máxima figura
de protección, lo que obligaría a poner fin a las actividades extractivas[25].
Con el objetivo de limitar los derechos de los indígenas no contactados, el 11
de noviembre el congresista Jorge Morante Figari, de Fuerza Popular
(fujimorista) presentó una iniciativa legislativa para que la facultad de
reconocer a los pueblos en aislamiento pasara del gobierno central a los
regionales, quienes tomarían la decisión tras un estudio previo realizado por
una comisión intersectorial de la que quedarían excluidos la Asociación
Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación de
Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) y los ministerios de Agricultura,
Ambiente, Educación, Interior y Energía y Minas, es decir, las organizaciones
indígenas y el gobierno central. Los gobiernos regionales podrían además crear
una comisión revisora de las declaraciones de PIACI y de reservas ya creadas. Es
una iniciativa tras la que se ha señalado la presencia de grupos madereros[26],
aunque también beneficiaría a petroleras como la ya mencionada Perenco y al
resto de los grupos interesados en disminuir los controles sobre la explotación
de la selva.
En Brasil el presidente Bolsonaro
desarrolló desde el inicio de su mandato una política declaradamente
antiíndigena en el marco de la cual debilitó organismos como la FUNAI
(Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas), en la que puso a militares al
frente de veintidós de sus treinta y nueve Coordinadoras Regionales y a la que redujo
fondos y empleados, de tal modo que, entre otros recortes, FUNAI cerró en 2017
cinco de sus diecisiete centros de protección para tribus no contactadas[27].
Los impulsores de la deforestación
silencian el hecho de que sus mayores beneficiarios suelen ser compañías
transnacionales, que invierten las ganancias en el exterior y tienen a sueldo a
políticos corruptos, mientras que los costes ambientales y sociales recaen, como
estamos viendo, sobre la población local, aunque también, y debemos recordarlo,
pues resulta menos evidente, nos afectan a todos. El caso de la compañía
Pluspetrol Norte, cuya concesión del lote petrolífero 1 AB (renombrado 192) en
Loreto expiró el 29 de agosto de 2015 es altamente ilustrativo. Se trata de una
empresa subsidiaria de Pluspetrol Resources Corporation que opera en Perú,
Colombia, Argentina, Venezuela y Bolivia. Fundada en 1976 en Argentina, está
registrada en las Islas Caimán aunque su sede se instaló en el 2000 en
Ámsterdam, donde al parecer ha contado durante años con un solo empleado. Desde
2003 pertenece en un 45% a la Corporación Petrolera Nacional China, y en la
explotación de sus lotes participan mediante contratos de asociación Korea
National Oil Corporation, Daewoo International y SK Innovation, en tanto que su
director ejecutivo es el estadounidense Steve Crowell[28].
Al terminar la concesión Pluspetrol debía acometer trabajos de
descontaminación, restauración, reforestación, retirada de instalaciones, etc.,
a fin de subsanar los daños causados por su actividad. Algo que no hizo pese a
los requerimientos de las autoridades peruanas. Ante el incumplimiento de estas
obligaciones, cuatro federaciones representativas de los pueblos indígenas de
las cuencas de los ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón presentaron el 20
de marzo de 2020 una denuncia en los Países Bajos, donde, como ya se ha
señalado, tiene su sede la empresa. Meses después, en diciembre, Pluspetrol
Norte anunció su liquidación y finalmente será el Estado quien tenga que hacer
frente a la reparación, lo que le supondrá un gasto de cinco mil millones de
soles, unos mil quinientos millones de dólares[29].
Volvamos al gobernador de Roraima
Antonio Denarium. En su opinión, los yanomamis deben dejar la selva en la que
viven, según afirma, como animales y aculturarse, es decir, abandonar su modo
de vida y fundirse con el resto de la población. Como, al igual que Bolsonaro,
accedió al cargo tras vencer en unas elecciones debemos pensar que su propuesta
refleja un sentir bastante extendido. De hecho a muchos les parecerá que no es
en ninguna manera razonable que un pueblo prefiera habitar desnudo la selva,
entregado a la caza y la recolección, acaso a una agricultura incipiente, en
lugar de gozar de las ventajas de la civilización. Quizá parezca que por la
boca de Denarium habla el sentido común. Sin embargo, la suya es una visión profundamente
ideológica y alejada de la realidad. Debemos preguntarnos qué significa salir
de la selva y para ello tenemos que echar una mirada a las ciudades amazónicas,
a esas que, como Iquitos, Manaos o Belém, han crecido rápida y
desordenadamente, y en las que amplias barriadas, favelas o asentamientos
humanos carecen de los servicios higiénicos, sanitarios y educativos más
elementales. En Iquitos, a orillas del río más caudaloso del mundo, miles de
familias no disponen de agua potable en sus viviendas. Tampoco de red de
saneamiento. Las aguas residuales discurren hacia el río a cielo abierto junto a
sus casas entre el transitar de los adultos y los juegos de los niños[30].
El Sínodo Especial para la Amazonía,
celebrado en octubre de 2019, sintetizó en su documento final lo que encuentran
en las ciudades los indígenas, campesinos, afrodescendientes y ribereños que
abandonan el campo en busca de oportunidades:
pobreza,
violencia, prostitución infantil, explotación sexual, uso y tráfico de drogas,
embarazo precoz, desempleo, depresión, trata de personas, nuevas formas de
esclavitud, tráfico de órganos, dificultades para acceder a la educación, salud
y asistencia social[31].
En este ambiente florecen las bandas
criminales. En 2019 unas 70.000 personas vivían en Manaus bajo el control de la
Familia del Norte, que imponía horas de toque de queda y estipulaba el reparto
de viviendas. Dos años antes, en la prisión de la ciudad habían asesinado a
cincuenta y seis presos de una banda rival, el Primer Comando de la Capital,
poco después cincuenta y siete murieron en Altamira, y en 2019 cayeron otros
cincuenta y cinco en enfrentamientos en cuatro prisiones de amazónicas[32].
Mientras la utilización de
combustibles fósiles produce millones de toneladas de dióxido de carbono, los
bosques tropicales, talados o quemados, retroceden para hacer sitio a plantaciones
de palma o de soja, cuando no de coca; para dejar espacio a pastos con los que
alimentar una creciente cabaña ganadera; para abrir paso a carreteras o
hidrovías que faciliten la explotación de tierras consideradas desaprovechadas.
En ellos se abren claros para prospecciones mineras y petrolíferas, y se
construyen oleoductos; sus suelos y sus aguas se contaminan con hidrocarburos,
mercurio y cadmio. Todo ello en nombre de una concepción que identifica el
progreso con la explotación ilimitada de los recursos naturales, la libertad
con la ausencia de controles y el desarrollo económico con el enriquecimiento
de altos ejecutivos y accionistas de lejanas empresas transnacionales. El
resultado es que las selvas son reemplazadas por plantaciones y por sabanas, lo
que redunda en que territorios que antes eran sumideros se convierten en
emisores de dióxido de carbono y, por tanto, en lugar de amortiguar el cambio
climático pasan a acelerarlo. Todos pagamos las consecuencias. Lo hacemos ya
nosotros y lo harán aún más nuestros hijos y nietos, pero quienes más sufren
son los habitantes de las selvas, que ante la desaparición de sus medios de
vida tradicionales se ven empujados a marchar a las ciudades, forzados a
establecerse en asentamientos insalubres carentes de equipamientos higiénicos,
sanitarios y educativos, y a malvivir con trabajos precarios y mal remunerados.
El mundo en que nacieron se desmorona. Los mitos con que lo interpretaban ya no
son fuente de sentido para quienes se ven arrojados a una sociedad hostil
regida por el afán de consumo, y los ritos que los hacían sentirse miembros de
una comunidad ya no cumplen su función integradora. La miseria, la ausencia de
perspectivas y el desarraigo son para muchos la cara visible del progreso.
Este es el rostro que la
civilización muestra a las poblaciones amazónicas. No puede sorprendernos,
pues, que a los yanomamis no les seduzca la idea de abandonar la selva que han
poblado durante cientos de años. Pero lo que ellos puedan desear es irrelevante,
pues no son ellos quienes deciden su futuro. Si no hay cambios profundos no muy
tarde no habrá selva en la que vivir. No importa que las constituciones o que
los acuerdos internacionales reconozcan el derecho de los indígenas a ser
consultados en los asuntos que los afectan en sus derechos colectivos. Siempre
habrá políticos y empresarios capaces de encontrar el modo de eludir o falsear
las consultas. La misma noción de derechos colectivos repugna profundamente a
un pensamiento liberal, que imagina la sociedad como un agregado de individuos
que compiten entre sí.
Ahora sucumben ellos, pero lo que
ocurre en la Amazonia y en los restantes bosques tropicales, en África Central,
en Borneo, en Nueva Guinea, nos incumbe a todos. También lo que pasa en el mar
de Aral y en el Gran Lago Salado, o en el mar Menor y en Doñana, Si no le
ponemos freno, el cambio climático comprometerá gravemente el futuro de las
sociedades humanas, no en un tiempo lejano, sino en la escala de la vida de
nuestros nietos. Por eso debemos reclamar a los gobiernos y a las empresas que
adopten medidas urgentes para cumplir con los compromisos adquiridos en las
cumbres sobre el Cambio Climático. Ciertamente, la reducción de emisiones
implicará cambios en nuestro modo de vida y una reformulación de nuestra conexión
con la naturaleza, que ya no puede ser vista como una fuente inagotable de
recursos, algo que solo tiene valor en cuanto que somos capaces de extraerle
una rentabilidad económica y con lo que establecemos una relación de dominio.
No basta con ello. De hecho, poco cambiará mientras las relaciones entre los
seres humanos sean también de dominio y explotación, mientras persista la idea
de que nos enfrentamos unos con otros en una lucha por la vida en la que triunfan,
es decir, se enriquecen, los más aptos. Eso es tanto como decir que las elites económicas
deben su posición a su inteligencia, su audacia, su determinación y otras
cualidades positivas; en tanto que quienes quedan atrás en la competición,
estigmatizados con la etiqueta de perdedores, que tanto gusta a Donald Trump, son
débiles e incapaces, a quienes a lo sumo, de manera displicente, conviene
lanzar unas migajas no sea que la desesperación los lleve a asaltar la mesa del
banquete. Ninguna transformación será posible si su coste recae una vez más
sobre las espaldas de los más necesitados.
[1] EPA (United States
Environmental Protection Agency): https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-atmospheric-concentrations-greenhouse-gases. (vista el 25 de marzo de
2023.
https://www.eltiempo.es/noticias/gases-de-efecto-invernadero-y-calentamiento-global
Consultada el 26 de marzo de 2023.
[2] Planelles,
Manuel, «La gran revisión científica sobre la crisis climática: “La ventana
para asegurar un futuro habitable se cierra”». El País, 20 de marzo de 2023.
[3] Intervención
de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid el 10 de noviembre de 2022 (vist
ael 25 de marzo de 2023) https://www.youtube.com/watch?v=4TaZqlFP6jY
[4]
Intervención en la Comisión para la transición ecológica y reto demográfico.
Congreso de los Diputados de España. Diario La Vanguardia, 8 de abril de
2021.
[5] Climate
Action. Comisión Europea, Consecuencias del cambio climático, https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_es
Consultada el 27 de marzo de 2023.
[6] Acción
por el Clima. Naciones Unidas: Causas y efectos del cambio climático: https://www.un.org/es/climatechange/science/causes-effects-climate-change.
Consultada el 28 de marzo de 2023.
[7] RAISG
(Red Amazónica de Información Ambiental Georrefenciada), (2020), Amazonía bajo
presión, Sao Paulo, p. 12.
[8]
Salas-Gismondi, Rodolfo; Flynn, Jhon; Baby, Patrice; Tejada-Lara, Julia y
Antoine, Pierre-Olivier (2014), “Sobre el origen de la biodiversidad
amazónica”, Iquitos, Telefónica del Perú, p. 93.
[9] The
Amazon We Want, Science Panel for the Amazon (2019) “Marco científico para
salvar la Amazonía” http://secretariat.synod.va/content/sinodoamazonico/es/noticias/un-marco-cientifico-para-salvar-la-amazonia-por-cientificos-de-l.html
(Consultado el 5 de abril de 2023)
[10] Nobre,
Carlos (2022), “La Amazonia ya muestra síntomas de muerte”. El País, 7
de julio de 2022 / entrevistado por Naiara Galarraga Gortázar
[11] Quintanilla,
Marlene, Carmen Josse y Alicia Guzmán León (2022) La Amazonía a contrarreloj:
un diagnóstico sobre dónde y cómo proteger el 80% al 2025, p. 19. https://www.raisg.org/es/publicacion/amazonia-bajo-presion/
Consultada el 5 de abril de 2023.
[12] Royo
Gual, Juan (2022) “La Amazonía brasileña registra los peores incendios de
agosto en 12 años”. El País, 9 de
septiembre de 2022: https://elpais.com/sociedad/2022-09-09/la-amazonia-brasilena-registra-los-peores-incendios-de-agosto-en-12-anos.html
Consultado el 6 de abril de 2023.
[13]
Guerrero Ochoa, Isabel (coord.) (2010) Cambio climático en el Perú.
Amazonía, Fundación M. J. Bustamante de la Fuente, Lima.
[14]
Meirelles, João (2020), “Amazonia: ¿quién decide su futuro?”, Amazonia.
La batalla por la última frontera, La Vanguardia, Dossier, p. 7-11.
[15] Carta
abierta al Presidente de la República por el veto a la "Ley para el
fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización, extracción,
exportación e industrialización de la palma aceitera y sus derivados". https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2020-06/Carta%20abierta%20Veto_Palma.pdf
(visto el 12 de abril de 2023)
[16]Barclay,
Frederica (2011), “¿Qué ha significado el petróleo en la configuración de
Loreto como región?”, Foro 40 años de petróleo en Loreto: en busca de
lecciones. http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2011/11/Qu%C3%A9-ha-significado-el-petr%C3%B3leo-en-la-consolidaci%C3%B3n-de-Loreto-como-una-regi%C3%B3n-Frederica-Barclay.pdf.,
p. 3 (visto el 7 de mayo de 2021).
[17] Hallazi
Méndez, Luis A. (2020) “Minería en la Amazonia: una pesadilla desarrollista”,
Amazonia, la batalla por la última frontera, La Vanguardia, Dossier, nº 76,
abril/junio 2020, p. 59.
[18]
San Román, Jesús O.S.A. (1994) Perfiles históricos de la Amazonía Peruana,
Iquitos, Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía, Centro Amazónico de
Antropología y Aplicación Práctica, Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana (Primera edición 1975). p. 119.
[19] Rainforest
Mafias: How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazil’s Amazon | HRW
(visto el 16 de abril de 2023)
[20] García
Pérez, Alan (2007) “El síndrome del perro del hortelano” El Comercio, Lima, 28
de octubre de 2007.
[21] Rocha,
Jan (2019) “Brasil: este es el plan de Bolsonaro para desarrollar la «Amazonía
improductiva»”, https://es.mongabay.com/2019/02/brasil-plan-bolsonaro-amazonia-improductiva/
15-02-2019 (Consultado el 10-04-2023)
[22][22]
FIDH (2009) “Perú-Bagua: Derramamiento de sangre en el contexto del paro
amazónico. Urge abrir diálogo de buena fe”. FIDH, Federación
Internacional de Derechos Humanos. Octubre 2009, Nº 529 e, p. 39.
[23] Biernath,
André (2023) «"Es una situación catastrófica": la alerta de un médico
que fue a atender a los yanomamis en la selva de Brasil». BBC News Brasil, 25
de enero de 2023. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64390073
(Visto el 16 de abril de 2023).
[24] Mantxo,
Martintxo (2023) “Miradas. Brasil. Bolsonaro, la minería ilegal y el genocidio
yanomami”, Quinto poder, 2 de febrero de 2023. https://quintopoder.ar/2023/02/02/miradas-brasil-bolsonaro-la-mineria-ilegal-y-el-genocidio-yanomami/
(visto el 16 de abril de 2023).
[25] “El
santuario de Napo-Tigre, la reserva indígena en el Amazonas que enfrenta a Perú
con una gran petrolera franco-británica”, La Nación, Buenos Aires, 4 de
octubre de 2022
[26]
Hurtado, Jonathan (2023) “Los intereses detrás del proyecto del congresista
Morante contra los pueblos en aislamiento”. Ojo Público, 5 de febrero de
2023, https://ojo-publico.com/4286/los-intereses-detras-del-proyecto-ley-contra-pueblos-aislamiento?fbclid=IwAR3we8-Z8Q8fjVKdpeF-cC2kwPhTniuptDSULLfgcFSKyjAS6uqOU-3gAxI
(visto el 17 de abril de 2023).
[27] Mantxo,
Martintxo (2023) “Miradas. Brasil. Bolsonaro, la minería ilegal y el genocidio
yanomami”, Quinto poder, 2 de febrero de 2023. https://quintopoder.ar/2023/02/02/miradas-brasil-bolsonaro-la-mineria-ilegal-y-el-genocidio-yanomami/
(visto el 16 de abril de 2023).
[28] Campanario
Baqué, Yaiza y Doyle, Cathal (2017), El daño no se olvida. Impactos
socioambientales en territorios de pueblos indígenas de la Amazonía norperuana
afectado por las operaciones de la empresa Pluspetrol, Centro de Políticas
Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad, Lima, p. 158.
[29] Zúñiga,
Mario y David Díaz (2023), “Miseria del petróleo: Más de 5 mil millones de
soles pagará el Estado peruano por la remediación del ex Lote 1AB”. Servindi,
9-02-2023
[30] Puede
encontrarse amplia información en el blog La candela del ojo, escrito por los padres
agustinos Manolo Berjón y Miguel Ángel Cadenas (este actualmente obispo de
Iquitos): http://lacandeladelojo.blogspot.com/
[31] Documento Final del Sínodo Especial
para la Amazonía, http://www.synod.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/documento-final-de-la-asamblea-especial-del-sinodo-de-los-obispo.html
[32] Nossa,
Leonencio. (2020) “Las bandas criminales en la Amazonia”, Amazonia, la
batalla por la última frontera, La Vanguardia, Dossier, nº 76, abril/junio
2020, p. 59.
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