La degradación del bosque amazónico: una amenaza global

Conferencia pronunciada el 20 de abril de 2023 en el Museo de la Ciudad (Móstoles)

En la actualidad las evidencias de que el clima de nuestro planeta está cambiando a un ritmo acelerado son abrumadoras. La temperatura media de la tierra ha aumentado en 0,9 ⁰C en poco más de cien años, en el Ártico se reduce la extensión de la banquisa, en Siberia se deshiela el permafrost, en los Alpes retroceden los glaciares y en las costas aumenta el nivel del mar. Son solo unos pocos ejemplos de fenómenos cuantificables y ampliamente estudiados. Observamos también cómo se alarga la duración de los veranos y cómo las olas de calor y las sequías se hacen más frecuentes e intensas, sin que eso excluya súbitas invasiones de aire extremadamente frío y ocasionales nevadas de una intensidad desconocida, fruto de las perturbaciones originadas por el calentamiento en la circulación general atmosférica.

Ciertamente, el clima no es una realidad estática. Ahora somos capaces de reconstruir de manera bastante aproximada su evolución a lo largo del tiempo. Sabemos así que tras el momento álgido de la última glaciación, hace unos veinte mil años, las temperaturas comenzaron a ascender lentamente y que este proceso no se desarrolló de una manera lineal, sino que experimentó diversas oscilaciones. Así, los paleoclimatólogos han podido determinar que al período cálido medieval, que se extendió aproximadamente desde el siglo X hasta principios del XIV, le sucedió uno frío, la pequeña edad de hielo, que se prolongó hasta mediados del siglo XIX. Hay que tener presente que no solo fluctuaban las temperaturas, sino que también se alteraba el régimen de precipitaciones y que ambos fenómenos conectados incidían en el rendimiento y extensión de cultivos y pastos. Son hechos que hay tomar en consideración al estudiar procesos históricos como la aparición, consolidación y colapso de centros de poder capaces de extender su dominio sobre vastos territorios o, por ejemplo, las migraciones germánicas o la expansión vikinga.

Llegados a este punto, surge necesariamente un interrogante. Si el clima ha variado repetidamente a lo largo de la historia, ¿qué nos hace pensar que su evolución actual no constituye un fenómeno natural, sino que se debe a causas antrópicas? Para responderla es necesario que nos refiramos a los mecanismos por los que nuestro planeta retiene una parte de la energía que le transmite la radiación solar en lugar de reflejarla hacia el espacio. Si a unos días tórridos no les suceden unas noches gélidas, se debe a que la atmósfera actúa como un termorregulador capaz de almacenar calor, gracias a que algunos de sus componentes absorben energía durante el día y luego la liberan en forma de radiación infrarroja calentando el aire. Se trata fundamentalmente del dióxido de carbono (CO2), el vapor de agua, el metano (CH4), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el óxido nitroso (N2O). Son los que genéricamente denominamos “gases de efecto invernadero”, y su concentración no ha cesado de aumentar desde los inicios de la revolución industrial.

Algunos fenómenos naturales, como las erupciones volcánicas, la descomposición de las plantas o incendios forestales fortuitos, lanzan a la atmósfera este tipo de gases, pero, por lo general, sus efectos son limitados, pues las plantas, sobre todo los grandes bosques, en el proceso de fotosíntesis contribuyen a estabilizar el clima al absorber dióxido de carbono a la vez que producen oxígeno. Desde los inicios de la revolución industrial a mediados del siglo XVIII actúan, sin embargo, otros factores que alteran un equilibrio que no excluía, como ya se ha señalado, fluctuaciones a largo plazo. Entre ellos, cabe destacar el aumento de las emisiones, debido a la utilización masiva de combustibles fósiles, y la disminución del área ocupada por los bosques. En consecuencia, la concentración de CO2 en la atmósfera, que cuando se iniciaron las mediciones en el observatorio de Mauna Loa en 1958, era de 315 ppm (partes por millón), alcanzó las 415 ppm en la primavera de 2019; la de metano, ligada a la ganadería y a la producción de carbón, gas natural y petróleo, se ha incrementado en un 150% desde 1750, y han crecido asimismo, las de compuestos de nitrógeno, liberados por actividades agrícolas e industriales y por el deshielo del permafrost[1].

Los gases de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono, permanecen largo tiempo en la atmósfera, lo que implica que no es posible revertir el calentamiento. Sí está a nuestro alcance limitarlo reduciendo las emisiones y la deforestación. El Acuerdo de París de 2015, impulsado por la CMNUCC (Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, conocida como ONU Cambio Climático), se fijó como objetivo mantenerlo por debajo de los 2⁰C, preferiblemente en 1,5 ⁰C, sobre los niveles preindustriales. Cuatro años después, en 2019, un informe del IPCC (Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático) advirtió de que ya se habían alcanzado los 1,1 ⁰C e insistió en las causas antrópicas del fenómeno. Más recientemente, en el mes de marzo, el IPCC ha señalado que las emisiones, en lugar de disminuir, aumentaron en 2022 un 1%, lo que aleja la posibilidad de limitar a 2 ⁰C el calentamiento[2].

Insinuar que el cambio climático actual obedece a causas naturales, como ha hecho recientemente la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso[3], desafía no solo la evidencia científica, sino incluso el sentido común, pues implica negar que la utilización masiva de combustibles fósiles en industrias, vehículos y hogares, unida a la deforestación, aumente la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero. Son argumentos similares a los invocados por Donald Trump para retirar a los Estados Unidos del acuerdo de París y por Jair Bolsonaro para estimular la explotación de la Amazonia brasileña. Los tres coinciden en descalificar como agentes de intereses oscuros y en tildar de comunistas a quienes reclaman la adopción de medidas urgentes. Una categoría en la que, por cierto, encaja plenamente el papa Francisco, autor de manifiestos revolucionarios tales como la encíclica Laudato si’ y la exhortación apostólica Querida Amazonia.

Las consecuencias del cambio climático no son desde luego la disminución del número de muertos por frío que apuntó frívolamente el diputado de Vox Francisco José Contreras[4]. Desgraciadamente hablamos de algo serio. Tan serio que compromete el futuro de la humanidad. Aunque ya se ha aludido a ellas someramente, es necesario que aún les dediquemos algo de atención. La Comisión Europea, de la que tal vez sea necesario recordar que nada tiene que ver con la Tercera o la Cuarta Internacional, admite que en nuestro continente el aumento de la temperatura media alterará la distribución y abundancia de numerosas especies vegetales y animales, y que probablemente influirá en sus ciclos de vida e incrementará las plagas y epidemias. Todo ello, unido a la mayor duración de las sequías, repercutirá en una disminución de los rendimientos agrícolas y de la disponibilidad de agua. La subida del nivel del mar, que a final de siglo podría alcanzar entre sesenta y ochenta centímetros, aumentará las inundaciones y la erosión en las costas, con graves consecuencias para sus habitantes, las infraestructuras, las empresas y la naturaleza. Aumentará asimismo la morbilidad relacionada con el calor y aparecerán nuevas enfermedades. Naturalmente, la agravación de las dificultades económicas en países con menos recursos afectará a las migraciones. No es necesario continuar con la enumeración, aunque sí es importante recalcar que, como suele suceder en situaciones de crisis, el impacto será especialmente negativo para los sectores de la población con menores ingresos y de mayor edad, lo que conllevará una mayor incidencia sobre las mujeres[5]. Por su parte, la ONU agrupa en varias categorías los efectos del cambio climático: elevación de temperaturas, tormentas más potentes, aumento de las sequías, aumento del nivel del océano y calentamiento del agua, desaparición de especies, escasez de alimentos, riesgos para la salud, pobreza y desplazamientos[6].

En la lucha contra el cambio climático los bosques, como ya se ha indicado, tienen un papel fundamental en cuanto sumideros de dióxido de carbono. De entre ellos, las selvas tropicales, extendidas a ambos lados del ecuador por América, África, Asia y Oceanía, destacan no solo por su extensión, sino también por su riqueza en especies vegetales y animales, así como por ser el hogar de numerosos pueblos dotados de lenguas y culturas específicas. La Amazonia, o Amazonía, como se dice en el español de aquella tierra, alberga la mayor de todas ellas. En sentido amplio, no limitado estrictamente a la cuenca del río que le da nombre, sino sumando las del Tocantins-Araguaia, así como las Guayanas, se trata de una enorme región de unos ocho millones y medio de km2 (diecisiete veces España), repartidos entre nueve países, en la que viven unos 47 millones de habitantes (aproximadamente tantos como España), de los cuales algo más de dos millones pertenecen a cuatrocientos diez pueblos indígenas, incluidos ochenta y dos en aislamiento voluntario[7]. Su biodiversidad desafía la imaginación. Baste decir, para hacernos una idea, que en el área de Iquitos se han registrado sesenta y cuatro especies de palmeras, doscientas de mamíferos, veintiséis de loros y otras tantas de colibríes[8].

Sin embargo, a pesar de su vital importancia para todo el planeta, la Amazonia, como el resto de los bosques tropicales, está sometida a múltiples agresiones a consecuencia de las cuales experimenta un serio proceso de degradación. La pérdida de superficie forestal se traduce en una disminución de las precipitaciones, ya que aproximadamente el 50% de estas, unos veintidós mil millones de toneladas de agua, procede de la evapotranspiración del propio bosque[9]. En una entrevista publicada hace un año en el diario El País, el meteorólogo brasileño Carlos Nobre, tras señalar que sus árboles almacenan entre 150.000 y 200.000 millones de toneladas de carbono, que podrían pasar a la atmósfera, advertía de que unos 2,3 millones de km2, principalmente en el sur, presentan ya síntomas de muerte. En ellos, la estación seca se ha alargado en cinco semanas desde principios de los ochenta, con lo que ya dura más de cuatro meses, con la cual pronto, si se mantiene la tendencia actual, su clima dejará de ser tropical y la selva será sustituida por la sabana[10]. El retroceso de la selva se debe a talas y quemas cuya finalidad no es solo el aprovechamiento maderero, sino también liberar terreno para la agricultura, la ganadería, diversas industrias, la construcción de infraestructuras, etc. Según una investigación de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en el año 2020 el 20% de la Amazonia (164 millones de hectáreas) había sufrido un cambio de uso de suelo irreversible y el 6% (54 millones de hectáreas) una alta degradación, siendo Brasil y Bolivia los países más afectados[11]. En agosto de 2022, último año de mandato de Jair Bolsonaro, los satélites registraron 33.126 focos de incendio en la Amazonia brasileña[12]. A la pérdida de capacidad de la zona deforestada para absorber dióxido de carbono hay que sumar el enviado directamente a la atmósfera por la combustión de la madera. Hemos de tener en cuenta además que los suelos tropicales, una vez perdida la cobertura forestal, son pobres en nutrientes, pues estos proceden fundamentalmente de la descomposición de los restos vegetales; quedan también expuestos a la erosión, a la par que la disminución de la humedad aumenta la probabilidad de incendios y facilita su propagación.

Hace tiempo que son perceptibles los efectos del cambio climático en la Amazonia. Un estudio publicado en Perú por la Fundación M. J. Bustamente de la Fuente[13] señalaba ya en 2010 los cambios en la biodiversidad, en los calendarios de fructificación de algunas plantas y de reproducción de algunas especies animales, la presencia en la selva alta de aves representativas de la selva baja, incremento de las temperaturas, alteraciones en el régimen hídrico perceptibles en la frecuencia con que se secan las quebradas y en el pulso de inundación, que da lugar a que en ocasiones el nivel del Amazonas baje drásticamente en épocas que deberían ser de creciente. De una forma más concreta, apunta a la elevación en 2 ºC del promedio de temperaturas mínimas en la región de Moyabamba entre 1965 y 2005, a la escasez de agua en el Huallaga central y el alto Mayo, a la disminución de caudal de las quebradas en Cajamarca, debido a las bajas precipitaciones y a la pérdida de bosques; en la Amazonia brasileña documenta igualmente la bajada de nivel del río Acre entre 1985 y 2007. Todo ello ha perjudicado sobre todo a la población rural, especialmente en la selva baja, donde ha habido que sustituir ciertos cultivos y se ha padecido la aparición de nuevas plagas. En general, se observa una disminución de la producción, que no solo afecta a los productos agrícolas, sino también a la pesca.

João Meirelles, director general del Instituto Peabiru, una ONG con sede en Belém, señalaba en 2020 que el 80% de la tierra deforestada en Brasil se destina a pastizales cuya productividad es muy baja y que se abandonan cuando, debido a su degradación por la baja fertilidad del suelo y la erosión, resulta más barato despejar otra zona de selva. En segundo lugar mencionaba los cultivos de soja[14].

Otras extensiones deforestadas se destinan a plantaciones de palma aceitera. El 17 de julio de 2020, en un momento en que su cultivo ocupaba ya más de 300.000 ha., situadas en su mayor parte en la provincia costera de Esmeraldas, aunque también se extendía por las de Santo Domingo, igualmente perteneciente a la vertiente del Pacífico, y por las amazónicas de Sucumbíos, Orellana y otras, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados. En una carta abierta dirigida al presidente de la República, Lenin Moreno, diversas organizaciones sociales recordaron que la agroindustria de la palma es una de las principales causas de la desaparición de los bosques tropicales y señalaron entre sus efectos la pérdida de biodiversidad, la contaminación de suelos y ríos, y el acaparamiento de agua y tierras en perjuicio de las comunidades locales. Indicaban también que la nueva ley violaba el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de los que Ecuador es uno de los países signatarios, e incluso la propia constitución del país, cuyo capítulo VII reconoce los derechos de la Naturaleza[15]. Entre los cultivos en expansión hay que incluir también la coca, cuya producción y tráfico alimentan un floreciente negocio controlado por bandas criminales que extienden su actividad a otros ámbitos y se hacen cada vez más presentes en la región.

Las grandes infraestructuras de comunicaciones al hacer más accesible la selva facilitan las actividades madereras y mineras, tanto legales como ilegales, así como la expansión de las explotaciones ganaderas y agrícolas, convirtiéndose, por tanto, en un factor de deforestación. Esta ha sido muy notable a lo largo de carreteras como la BR-230, conocida como Transamazónica, que con una longitud de más de 4000 km une en sentido este-oeste las ciudades de Cabedelo (Paraíba) y Lábrea (Amazonas), y la BR-163 de unos 3500 km desde Teniente Portela (Rio Grande do Sul) hasta Santerém (Pará), al norte en la confluencia de los ríos Tapajós y Amazonas. Con ellas enlazan pistas a menudo no registradas que se internan en la selva, lo que multiplica su impacto. Algo similar ocurre con proyectos como la hidrovía amazónica peruana, cuyo propósito es agilizar la navegación por los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas. Ello exigiría trabajos de dragado e incluso en algunos lugares rectificación del curso, con lo que a los efectos de deforestación hay que agregarles las consecuencias que para los ecosistemas fluviales y la vida de las poblaciones ribereñas, muy dependientes de la pesca, tendrían el aumento de la contaminación y la modificación en la velocidad de la corriente, con repercusiones sobre la erosión y el pulso de inundación, la alternancia entre crecientes y bajantes, vital para la fertilidad de los suelos. La construcción de presas en los ríos tiene también importantes efectos medioambientales, entre ellos el anegar permanentemente terrenos antes ocupados por la selva, retener los sedimentos arrastrados por la corriente y constituir barreras para el desplazamiento de las especies acuáticas.

Actividades como la explotación petrolera y minera, esta última en muchos casos ilegal e incontrolada, si bien no producen de forma directa un grado tan alto de deforestación, contaminan gravemente las aguas y los suelos con hidrocarburos, mercurio y otros metales pesados; un hecho agravado por mal estado de muchas instalaciones. El oleoducto Norperuano, que transporta el crudo desde los yacimientos amazónicos hasta la costa del Pacífico a través de los Andes[16] y que fue financiado mediante un crédito japonés bastante oneroso, sufre continuos derrames (doscientos sesenta y ocho en el período comprendido entra 2011 y 2020[17]) en su mayoría debidos a un deficiente mantenimiento.

La deforestación se ha justificado en nombre del progreso y del desarrollo económico. Ha predominado la concepción de la selva como un territorio cuya enorme riqueza potencial permanece desaprovechada a causa de la incuria de sus habitantes. En 1830 el Reglamento para los Gobernadores de la provincia de Maynas (Perú) decía de los indígenas:

viven desnudos, entregados al ocio y a la más espantosa miseria de que proviene su ninguna civilización y su desdichada muerte porque se alimentan de reptiles venenosos y frutas montaraces y dañosas…[18].

Si no pensáramos en sus consecuencias no podríamos por menos que estallar en una larga carcajada ante la arrogancia de unos criollos de Lima que se creían capacitados para enseñar a los pueblos amazónicos qué plantas y animales de sus bosques y ríos podían consumir. No se trata, sin embargo, de un chiste. Tan solo dos años después se aprobaba una ley por la cual se entregarían de forma gratuita tierras a los nacionales y extranjeros que desearan establecerse en la región. La medida implicaba que no se reconocían los derechos territoriales de los indígenas, quienes serían despojados en beneficio de los colonos. A los salvajes no les quedaba otra salida que adaptarse a la civilización, es decir, convertirse en mano de obra barata y fácilmente reemplazable, de hecho prácticamente en esclavos, o, en caso de resistirse o resultar excesivamente molestos, ser exterminados. Esta y otras leyes posteriores encaminadas a estimular la inmigración blanca no tuvieron, sin embargo, mucho éxito. En general, los europeos prefirieron marchar a países de clima templado, como los Estados Unidos o Argentina, apropiados para la agricultura cerealística y la ganadería extensiva. Los resultados, que podemos sintetizar en dos expresiones, sendero de las lágrimas y campaña del desierto, fueron desastrosos para los pueblos originarios en ambas naciones, pero escapan al tema que ahora nos ocupa. Digamos tan solo que ahora a eso lo llamamos limpieza étnica.

El desarrollo industrial de Europa y los Estados Unidos provocó a partir de 1880 un gran crecimiento de la demanda de caucho. Era una materia prima que se obtenía de diversos árboles de los géneros Hevea y Castilloa, que crecen dispersos en la selva. La esperanza de amasar grandes fortunas atrajo a la Amazonia a un gran número de aventureros y, como ahora se dice, emprendedores, quienes implantaron un sistema de terror que les permitió, mediante amenazas, torturas, mutilaciones, asesinatos y obligándolos a contraer deudas imposibles de saldar, disponer sin apenas costes del trabajo de los considerados salvajes. Durante mucho tiempo el mundo ignoró el sufrimiento sobre el que se erigían la riqueza y ostentación que deslumbraban a los visitantes de Belém, Manaos o Iquitos, y cuando finalmente, a principios de la segunda década del siglo XX, estalló el escándalo al divulgarse internacionalmente el informe de Roger Casement, el caucho silvestre estaba dejando de ser competitivo frente al procedente de las plantaciones de Malaca y Borneo. Entonces la prosperidad de las ciudades amazónicas se desvaneció como un espejismo. Persistió en Europa el recuerdo romantizado del cauchero Fitzcarrald, cuya aventura llevó al cine Werner Herzog en 1982 en una película que soslaya las facetas más sombrías del personaje; en la Amazonia, en cambio, la memoria del horror se mantiene como una herida que no ha llegado a cicatrizar. Por lo demás, el trato dado a los pueblos amazónicos no era distinto del que recibían en África y Asia los habitantes de los territorios colonizados por europeos.

Desde la época de los caucheros se han producido grandes avances en cuanto a los derechos de los indígenas, y en general de las poblaciones amazónicas. Estos son reconocidos en los textos constitucionales y en acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. No debemos, sin embargo, permitir que estos textos solemnes y bien intencionados nos deslumbren. Representan una noble aspiración, pero la realidad es sórdida. La vida de las poblaciones amazónicas está marcada por la pobreza, la marginación y la violencia. Los tiempos en que madereros, petroleros o ganaderos invadían un territorio y expulsaban a las comunidades que lo poblaban no pertenecen a un remoto pasado. Es cierto que la selva ya no es vista como un espacio vacío que se puede parcelar y distribuir entre colonos para su explotación, pero la titulación de las comunidades, es decir, el reconocimiento de su propiedad comunal sobre las tierras que tradicionalmente han ocupado, avanza muy lentamente a través de una maraña de trámites y dilaciones. Tampoco constituye una garantía suficiente de protección en lugares en que apenas se hace sentir la presencia de unos estados, cuyas funciones a menudo son desempeñadas por grandes empresas o incluso por organizaciones criminales en colusión con políticos y funcionarios. La titulación además no afecta al subsuelo ni, por tanto, a las reservas mineras y petrolíferas, cuya propiedad, y con ella el derecho a cederlas en usufructo, se reserva el Estado. A ello se suma la servidumbre de paso de gasoductos y oleoductos. El resultado es que concesiones petroleras y mineras se superponen a los territorios indígenas reconocidos e incluso a reservas nacionales como, por ejemplo, la Pacaya Samiria en Loreto.

Pese a las legislaciones nacionales y a los convenios internacionales en que se reconocen sus derechos, los indígenas son objeto de una violencia continuada. Un informe de Human Rights Watch fechado el 17 de septiembre de 2019, indicaba que la tala ilegal y los incendios forestales en la Amazonia brasileña están ligados a actos de violencia e intimidación contra los defensores de los bosques y con el fracaso de las autoridades a la hora de investigarlos y llevarlos ante la justicia. Desde 2010 hasta 2019 la Comisión Pastoral de la Tierra, un organismo de la Conferencia Episcopal Brasileña, documentó más de trescientos asesinatos de activistas indígenas y ambientales, pero solo catorce llegaron a juicio[19]. Es un tipo de hechos que no se limita a Brasil, sino que afecta a todos los países amazónicos. Aunque sea obvio, quiero insistir en que no hablo de números en una estadística, sino de seres humanos.  Por eso, como un pobre homenaje, citaré a las últimas víctimas de las que he tenido conocimiento. Lo hago advirtiéndoles de que posiblemente alguno se me haya pasado por alto, pues sus muertes no suelen aparecer en nuestros medios de comunicación. El pasado día 8 de este mes de abril cayó asesinado en Puerto Ocopa (Junin, Perú) el líder asháninca Santiago Contonicón Antúnez; la misma suerte habían corrido el dirigente kofán Eduardo Mendúa el 26 de febrero en Sucumbíos (Ecuador), y el 5 de diciembre del año pasado Vilca Ampichi López, apu de San Juan de Pachitea (Huánuco, Perú), o el 3 de septiembre, Janildo Oliviera Guajajara, miembro del grupo indígena Guardianes de la Amazonia, en la tierra Araribóia (Maranháo, Brasil). Esa misma noche falleció en el mismo territorio Israel Carlos Miranda Guajajara, víctima de un atropello posiblemente intencionado y una semana después seis disparos terminaron con la vida de Antonio Cafeteiro Silva Guajajara. Son crímenes que han pasado casi desapercibidos en la prensa europea, que sí se ha hecho eco con cierta amplitud de los asesinatos en Brasil de Bruno Pereira, quien había sido director de la División de Pueblos Indígenas Aislados del FUNAI, y del periodista británico Don Philips el 5 de junio.

El problema no es únicamente que estas acciones, encaminadas a amedrentar a las poblaciones locales y terminar con la resistencia a la ocupación de sus tierras, queden a menudo impunes, sino que perdura en ciertos ambientes sociales una concepción que entiende la Amazonia como una tierra colmada de recursos infrautilizados y a los indígenas como seres atrasados e indolentes, incapaces de discernir lo que realmente les conviene. De este modo, en alguna medida la violencia ejercida contra ellos tiende a presentarse como algo si no justificado, al menos disculpable. El 28 de octubre de 2007 Alan García, entonces presidente de Perú, publicó en el diario El Comercio un artículo en el que, bajo el significativo título de “El síndrome del perro del hortelano”, denunciaba los obstáculos que, en nombre de los derechos de los nativos y la defensa del medio ambiente, limitan el crecimiento de la riqueza nacional[20]. Sus argumentos no son en esencia distintos de los que años después, en 2019, aduciría el gobierno de Jair Bolsonaro para justificar su plan para desarrollar la «Amazonia improductiva»[21]. En ambos casos se ha intentado igualmente deslegitimar las protestas acusando a los dirigentes indígenas y activistas ambientales de impedir el progreso de sus comunidades e instrumentalizarlas al servicio de los intereses espurios de organizaciones no gubernamentales, deseosas de mantenerlas en la pobreza para recibir mayor financiación internacional. Así lo expresó, por ejemplo, Ismael Benavides, ministro de Agricultura de Perú, ante las protestas iniciadas por wampis y awajún en abril de 2008, que desembocaron en el episodio sangriento de Baguas[22]. Recurriendo a una retórica patriótica se intenta fijar la imagen de los líderes más reivindicativos no solo como traidores a los comuneros, sino como auténticos enemigos de la prosperidad nacional. Durante el mandato de Bolsonaro (2019-2022) se ha estimulado la deforestación y se han debilitado los controles ambientales y las políticas de apoyo a los indígenas, lo que ha tenido consecuencias desastrosas. Un caso que ha saltado recientemente a la luz afecta a los yanomamis de los estados de Roraima y Amazonas, diezmados a causa de la creciente presencia en sus tierras de garimpeiros (buscadores de oro) armados. Estos no solo contribuyen a la transmisión del paludismo y otras enfermedades, sino que también se apropian de medicamentos destinados a los indígenas y, debido a la utilización de mercurio, contaminan los suelos y las aguas. Según denunció el doctor André Siquiera, enviado a la zona en enero por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hay familias enteras que padecen desnutrición extrema y están muy extendidas las infecciones respiratorias y diarreicas[23]. El 21 de enero, el presidente Lula da Silva visitó la zona y, tras calificar lo ocurrido como un auténtico genocidio, se comprometió a terminar con la minería ilegal en tierras indígenas. Por el contrario, pese a que la Asociación Hutukara Yanomami ha denunciado que la minería ilegal ha crecido un doscientos cincuenta por ciento en los últimos tres años, el gobernador de Roraima, el bolsonarista Antonio Denarium, negó la responsabilidad de los mineros y aseguró que los yanomamis «no pueden quedarse en la selva con aspecto de animales»[24]. Una expresión que no habría desentonado en el anteriormente citado Reglamento para los Gobernadores de la provincia de Maynas de casi doscientos años atrás.

También se presenta oscuro el futuro de los pueblos en aislamiento. Son aquellos que, de manera voluntaria, generalmente a causa de experiencias traumáticas, rehúyen el contacto con lo que llamamos civilización. Muchos, en la época en que los caucheros extendieron el terror sobre los territorios amazónicos, buscaron en lo más recóndito de la selva refugio contra la violencia, la esclavitud y las epidemias, tratando de mantener su forma tradicional de vida. Dada su especial vulnerabilidad, los países amazónicos han establecido marcos legales para su protección, orientados a respetar su decisión y garantizar sus derechos. Se encuentran, sin embargo, sometidos a una fuerte presión por parte de grupos deseosos de hacerse con sus tierras. En Perú la petrolera franco-británica Perenco, concesionaria del lote 67 en Loreto, ha demandado al gobierno después de que este, mediante Decreto Supremo emitido el 1 de septiembre de 2022, reconociera la presencia de pueblos indígenas en aislamiento en la zona. La razón es que de esta manera se abre la puerta a la creación en el Napo-Tigre de una reserva indígena, la máxima figura de protección, lo que obligaría a poner fin a las actividades extractivas[25]. Con el objetivo de limitar los derechos de los indígenas no contactados, el 11 de noviembre el congresista Jorge Morante Figari, de Fuerza Popular (fujimorista) presentó una iniciativa legislativa para que la facultad de reconocer a los pueblos en aislamiento pasara del gobierno central a los regionales, quienes tomarían la decisión tras un estudio previo realizado por una comisión intersectorial de la que quedarían excluidos la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) y los ministerios de Agricultura, Ambiente, Educación, Interior y Energía y Minas, es decir, las organizaciones indígenas y el gobierno central. Los gobiernos regionales podrían además crear una comisión revisora de las declaraciones de PIACI y de reservas ya creadas. Es una iniciativa tras la que se ha señalado la presencia de grupos madereros[26], aunque también beneficiaría a petroleras como la ya mencionada Perenco y al resto de los grupos interesados en disminuir los controles sobre la explotación de la selva.

En Brasil el presidente Bolsonaro desarrolló desde el inicio de su mandato una política declaradamente antiíndigena en el marco de la cual debilitó organismos como la FUNAI (Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas), en la que puso a militares al frente de veintidós de sus treinta y nueve Coordinadoras Regionales y a la que redujo fondos y empleados, de tal modo que, entre otros recortes, FUNAI cerró en 2017 cinco de sus diecisiete centros de protección para tribus no contactadas[27].

Los impulsores de la deforestación silencian el hecho de que sus mayores beneficiarios suelen ser compañías transnacionales, que invierten las ganancias en el exterior y tienen a sueldo a políticos corruptos, mientras que los costes ambientales y sociales recaen, como estamos viendo, sobre la población local, aunque también, y debemos recordarlo, pues resulta menos evidente, nos afectan a todos. El caso de la compañía Pluspetrol Norte, cuya concesión del lote petrolífero 1 AB (renombrado 192) en Loreto expiró el 29 de agosto de 2015 es altamente ilustrativo. Se trata de una empresa subsidiaria de Pluspetrol Resources Corporation que opera en Perú, Colombia, Argentina, Venezuela y Bolivia. Fundada en 1976 en Argentina, está registrada en las Islas Caimán aunque su sede se instaló en el 2000 en Ámsterdam, donde al parecer ha contado durante años con un solo empleado. Desde 2003 pertenece en un 45% a la Corporación Petrolera Nacional China, y en la explotación de sus lotes participan mediante contratos de asociación Korea National Oil Corporation, Daewoo International y SK Innovation, en tanto que su director ejecutivo es el estadounidense Steve Crowell[28]. Al terminar la concesión Pluspetrol debía acometer trabajos de descontaminación, restauración, reforestación, retirada de instalaciones, etc., a fin de subsanar los daños causados por su actividad. Algo que no hizo pese a los requerimientos de las autoridades peruanas. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, cuatro federaciones representativas de los pueblos indígenas de las cuencas de los ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón presentaron el 20 de marzo de 2020 una denuncia en los Países Bajos, donde, como ya se ha señalado, tiene su sede la empresa. Meses después, en diciembre, Pluspetrol Norte anunció su liquidación y finalmente será el Estado quien tenga que hacer frente a la reparación, lo que le supondrá un gasto de cinco mil millones de soles, unos mil quinientos millones de dólares[29].

Volvamos al gobernador de Roraima Antonio Denarium. En su opinión, los yanomamis deben dejar la selva en la que viven, según afirma, como animales y aculturarse, es decir, abandonar su modo de vida y fundirse con el resto de la población. Como, al igual que Bolsonaro, accedió al cargo tras vencer en unas elecciones debemos pensar que su propuesta refleja un sentir bastante extendido. De hecho a muchos les parecerá que no es en ninguna manera razonable que un pueblo prefiera habitar desnudo la selva, entregado a la caza y la recolección, acaso a una agricultura incipiente, en lugar de gozar de las ventajas de la civilización. Quizá parezca que por la boca de Denarium habla el sentido común. Sin embargo, la suya es una visión profundamente ideológica y alejada de la realidad. Debemos preguntarnos qué significa salir de la selva y para ello tenemos que echar una mirada a las ciudades amazónicas, a esas que, como Iquitos, Manaos o Belém, han crecido rápida y desordenadamente, y en las que amplias barriadas, favelas o asentamientos humanos carecen de los servicios higiénicos, sanitarios y educativos más elementales. En Iquitos, a orillas del río más caudaloso del mundo, miles de familias no disponen de agua potable en sus viviendas. Tampoco de red de saneamiento. Las aguas residuales discurren hacia el río a cielo abierto junto a sus casas entre el transitar de los adultos y los juegos de los niños[30].

El Sínodo Especial para la Amazonía, celebrado en octubre de 2019, sintetizó en su documento final lo que encuentran en las ciudades los indígenas, campesinos, afrodescendientes y ribereños que abandonan el campo en busca de oportunidades:

pobreza, violencia, prostitución infantil, explotación sexual, uso y tráfico de drogas, embarazo precoz, desempleo, depresión, trata de personas, nuevas formas de esclavitud, tráfico de órganos, dificultades para acceder a la educación, salud y asistencia social[31].

En este ambiente florecen las bandas criminales. En 2019 unas 70.000 personas vivían en Manaus bajo el control de la Familia del Norte, que imponía horas de toque de queda y estipulaba el reparto de viviendas. Dos años antes, en la prisión de la ciudad habían asesinado a cincuenta y seis presos de una banda rival, el Primer Comando de la Capital, poco después cincuenta y siete murieron en Altamira, y en 2019 cayeron otros cincuenta y cinco en enfrentamientos en cuatro prisiones de amazónicas[32].

Mientras la utilización de combustibles fósiles produce millones de toneladas de dióxido de carbono, los bosques tropicales, talados o quemados, retroceden para hacer sitio a plantaciones de palma o de soja, cuando no de coca; para dejar espacio a pastos con los que alimentar una creciente cabaña ganadera; para abrir paso a carreteras o hidrovías que faciliten la explotación de tierras consideradas desaprovechadas. En ellos se abren claros para prospecciones mineras y petrolíferas, y se construyen oleoductos; sus suelos y sus aguas se contaminan con hidrocarburos, mercurio y cadmio. Todo ello en nombre de una concepción que identifica el progreso con la explotación ilimitada de los recursos naturales, la libertad con la ausencia de controles y el desarrollo económico con el enriquecimiento de altos ejecutivos y accionistas de lejanas empresas transnacionales. El resultado es que las selvas son reemplazadas por plantaciones y por sabanas, lo que redunda en que territorios que antes eran sumideros se convierten en emisores de dióxido de carbono y, por tanto, en lugar de amortiguar el cambio climático pasan a acelerarlo. Todos pagamos las consecuencias. Lo hacemos ya nosotros y lo harán aún más nuestros hijos y nietos, pero quienes más sufren son los habitantes de las selvas, que ante la desaparición de sus medios de vida tradicionales se ven empujados a marchar a las ciudades, forzados a establecerse en asentamientos insalubres carentes de equipamientos higiénicos, sanitarios y educativos, y a malvivir con trabajos precarios y mal remunerados. El mundo en que nacieron se desmorona. Los mitos con que lo interpretaban ya no son fuente de sentido para quienes se ven arrojados a una sociedad hostil regida por el afán de consumo, y los ritos que los hacían sentirse miembros de una comunidad ya no cumplen su función integradora. La miseria, la ausencia de perspectivas y el desarraigo son para muchos la cara visible del progreso.

Este es el rostro que la civilización muestra a las poblaciones amazónicas. No puede sorprendernos, pues, que a los yanomamis no les seduzca la idea de abandonar la selva que han poblado durante cientos de años. Pero lo que ellos puedan desear es irrelevante, pues no son ellos quienes deciden su futuro. Si no hay cambios profundos no muy tarde no habrá selva en la que vivir. No importa que las constituciones o que los acuerdos internacionales reconozcan el derecho de los indígenas a ser consultados en los asuntos que los afectan en sus derechos colectivos. Siempre habrá políticos y empresarios capaces de encontrar el modo de eludir o falsear las consultas. La misma noción de derechos colectivos repugna profundamente a un pensamiento liberal, que imagina la sociedad como un agregado de individuos que compiten entre sí.

Ahora sucumben ellos, pero lo que ocurre en la Amazonia y en los restantes bosques tropicales, en África Central, en Borneo, en Nueva Guinea, nos incumbe a todos. También lo que pasa en el mar de Aral y en el Gran Lago Salado, o en el mar Menor y en Doñana, Si no le ponemos freno, el cambio climático comprometerá gravemente el futuro de las sociedades humanas, no en un tiempo lejano, sino en la escala de la vida de nuestros nietos. Por eso debemos reclamar a los gobiernos y a las empresas que adopten medidas urgentes para cumplir con los compromisos adquiridos en las cumbres sobre el Cambio Climático. Ciertamente, la reducción de emisiones implicará cambios en nuestro modo de vida y una reformulación de nuestra conexión con la naturaleza, que ya no puede ser vista como una fuente inagotable de recursos, algo que solo tiene valor en cuanto que somos capaces de extraerle una rentabilidad económica y con lo que establecemos una relación de dominio. No basta con ello. De hecho, poco cambiará mientras las relaciones entre los seres humanos sean también de dominio y explotación, mientras persista la idea de que nos enfrentamos unos con otros en una lucha por la vida en la que triunfan, es decir, se enriquecen, los más aptos. Eso es tanto como decir que las elites económicas deben su posición a su inteligencia, su audacia, su determinación y otras cualidades positivas; en tanto que quienes quedan atrás en la competición, estigmatizados con la etiqueta de perdedores, que tanto gusta a Donald Trump, son débiles e incapaces, a quienes a lo sumo, de manera displicente, conviene lanzar unas migajas no sea que la desesperación los lleve a asaltar la mesa del banquete. Ninguna transformación será posible si su coste recae una vez más sobre las espaldas de los más necesitados.



[2] Planelles, Manuel, «La gran revisión científica sobre la crisis climática: “La ventana para asegurar un futuro habitable se cierra”». El País, 20 de marzo de 2023.

[3] Intervención de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid el 10 de noviembre de 2022 (vist ael 25 de marzo de 2023) https://www.youtube.com/watch?v=4TaZqlFP6jY

[4] Intervención en la Comisión para la transición ecológica y reto demográfico. Congreso de los Diputados de España. Diario La Vanguardia, 8 de abril de 2021.

 

[5] Climate Action. Comisión Europea, Consecuencias del cambio climático, https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_es  Consultada el 27 de marzo de 2023.

[6] Acción por el Clima. Naciones Unidas: Causas y efectos del cambio climático: https://www.un.org/es/climatechange/science/causes-effects-climate-change. Consultada el 28 de marzo de 2023.

[7] RAISG (Red Amazónica de Información Ambiental Georrefenciada), (2020), Amazonía bajo presión, Sao Paulo, p. 12.

[8] Salas-Gismondi, Rodolfo; Flynn, Jhon; Baby, Patrice; Tejada-Lara, Julia y Antoine, Pierre-Olivier (2014), “Sobre el origen de la biodiversidad amazónica”, Iquitos, Telefónica del Perú, p. 93.

[9] The Amazon We Want, Science Panel for the Amazon (2019) “Marco científico para salvar la Amazonía” http://secretariat.synod.va/content/sinodoamazonico/es/noticias/un-marco-cientifico-para-salvar-la-amazonia-por-cientificos-de-l.html (Consultado el 5 de abril de 2023)

[10] Nobre, Carlos (2022), “La Amazonia ya muestra síntomas de muerte”. El País, 7 de julio de 2022 / entrevistado por Naiara Galarraga Gortázar

[11] Quintanilla, Marlene, Carmen Josse y Alicia Guzmán León (2022) La Amazonía a contrarreloj: un diagnóstico sobre dónde y cómo proteger el 80% al 2025, p. 19. https://www.raisg.org/es/publicacion/amazonia-bajo-presion/ Consultada el 5 de abril de 2023.

[12] Royo Gual, Juan (2022) “La Amazonía brasileña registra los peores incendios de agosto en 12 años”.  El País, 9 de septiembre de 2022: https://elpais.com/sociedad/2022-09-09/la-amazonia-brasilena-registra-los-peores-incendios-de-agosto-en-12-anos.html Consultado el 6 de abril de 2023.

[13] Guerrero Ochoa, Isabel (coord.) (2010) Cambio climático en el Perú. Amazonía, Fundación M. J. Bustamante de la Fuente, Lima.

[14] Meirelles, João (2020), “Amazonia: ¿quién decide su futuro?”, Amazonia. La batalla por la última frontera, La Vanguardia, Dossier, p. 7-11.

[15] Carta abierta al Presidente de la República por el veto a la "Ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización, extracción, exportación e industrialización de la palma aceitera y sus derivados". https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2020-06/Carta%20abierta%20Veto_Palma.pdf (visto el 12 de abril de 2023)

[16]Barclay, Frederica (2011), “¿Qué ha significado el petróleo en la configuración de Loreto como región?”, Foro 40 años de petróleo en Loreto: en busca de lecciones. http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2011/11/Qu%C3%A9-ha-significado-el-petr%C3%B3leo-en-la-consolidaci%C3%B3n-de-Loreto-como-una-regi%C3%B3n-Frederica-Barclay.pdf., p. 3 (visto el 7 de mayo de 2021).

[17] Hallazi Méndez, Luis A. (2020) “Minería en la Amazonia: una pesadilla desarrollista”, Amazonia, la batalla por la última frontera, La Vanguardia, Dossier, nº 76, abril/junio 2020, p. 59.

[18] San Román, Jesús O.S.A. (1994) Perfiles históricos de la Amazonía Peruana, Iquitos, Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (Primera edición 1975). p. 119.

[20] García Pérez, Alan (2007) “El síndrome del perro del hortelano” El Comercio, Lima, 28 de octubre de 2007.

[21] Rocha, Jan (2019) “Brasil: este es el plan de Bolsonaro para desarrollar la «Amazonía improductiva»”, https://es.mongabay.com/2019/02/brasil-plan-bolsonaro-amazonia-improductiva/ 15-02-2019 (Consultado el 10-04-2023)

[22][22] FIDH (2009) “Perú-Bagua: Derramamiento de sangre en el contexto del paro amazónico. Urge abrir diálogo de buena fe”. FIDH, Federación Internacional de Derechos Humanos. Octubre 2009, Nº 529 e, p. 39.

[23] Biernath, André (2023) «"Es una situación catastrófica": la alerta de un médico que fue a atender a los yanomamis en la selva de Brasil». BBC News Brasil, 25 de enero de 2023. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64390073 (Visto el 16 de abril de 2023).

[24] Mantxo, Martintxo (2023) “Miradas. Brasil. Bolsonaro, la minería ilegal y el genocidio yanomami”, Quinto poder, 2 de febrero de 2023. https://quintopoder.ar/2023/02/02/miradas-brasil-bolsonaro-la-mineria-ilegal-y-el-genocidio-yanomami/ (visto el 16 de abril de 2023).

[25] “El santuario de Napo-Tigre, la reserva indígena en el Amazonas que enfrenta a Perú con una gran petrolera franco-británica”, La Nación, Buenos Aires, 4 de octubre de 2022

[26] Hurtado, Jonathan (2023) “Los intereses detrás del proyecto del congresista Morante contra los pueblos en aislamiento”. Ojo Público, 5 de febrero de 2023, https://ojo-publico.com/4286/los-intereses-detras-del-proyecto-ley-contra-pueblos-aislamiento?fbclid=IwAR3we8-Z8Q8fjVKdpeF-cC2kwPhTniuptDSULLfgcFSKyjAS6uqOU-3gAxI (visto el 17 de abril de 2023).

[27] Mantxo, Martintxo (2023) “Miradas. Brasil. Bolsonaro, la minería ilegal y el genocidio yanomami”, Quinto poder, 2 de febrero de 2023. https://quintopoder.ar/2023/02/02/miradas-brasil-bolsonaro-la-mineria-ilegal-y-el-genocidio-yanomami/ (visto el 16 de abril de 2023).

 

[28] Campanario Baqué, Yaiza y Doyle, Cathal (2017), El daño no se olvida. Impactos socioambientales en territorios de pueblos indígenas de la Amazonía norperuana afectado por las operaciones de la empresa Pluspetrol, Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad, Lima, p. 158.

[29] Zúñiga, Mario y David Díaz (2023), “Miseria del petróleo: Más de 5 mil millones de soles pagará el Estado peruano por la remediación del ex Lote 1AB”. Servindi, 9-02-2023

[30] Puede encontrarse amplia información en el blog La candela del ojo, escrito por los padres agustinos Manolo Berjón y Miguel Ángel Cadenas (este actualmente obispo de Iquitos): http://lacandeladelojo.blogspot.com/  

[32] Nossa, Leonencio. (2020) “Las bandas criminales en la Amazonia”, Amazonia, la batalla por la última frontera, La Vanguardia, Dossier, nº 76, abril/junio 2020, p. 59.


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