Derechos humanos, medio ambiente y petróleo en la Amazonia peruana
Si en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, los caucheros, a fin de enriquecerse con la extracción de una materia prima imprescindible para el crecimiento de la industria, aterrorizaron y esclavizaron a las poblaciones amazónicas, hoy estas son víctimas de múltiples agresiones, también ahora causadas por el deseo de explotar los recursos naturales de la región. La ganadería extensiva, la agricultura, el aprovechamiento de la madera, del oro y otros minerales, de los hidrocarburos y la construcción de infraestructuras tales como carreteras e hidrovías hacen retroceder a la selva y contaminan los suelos y las aguas. Todo ello sin apenas control, sin que las actuaciones se enmarquen en un proyecto coherente de desarrollo, sin que se realicen rigurosos estudios ambientales y sin que se tomen en consideración sus efectos sobre las comunidades locales ni sobre el conjunto del planeta. La Amazonia y sus habitantes son víctimas de una concepción del progreso que, atenta tan solo a la consecución de rápidos rendimientos económicos, no solo esquilma los recursos sin preguntarse por lo que ocurrirá cuando estos se agoten, sino que además se muestra indiferente ante el sufrimiento que su obtención ocasiona.
Hoy día, al contrario de lo que
ocurría en la época de los caucheros, sabemos que la Amazonia no es un lugar
remoto, sino que su deforestación aumenta la concentración en la atmósfera de
gases de efecto invernadero y contribuye a un cambio climático cuyas causas
antrópicas solo se obstinan en negar demagogos sin escrúpulos. El problema es
gravísimo y las medidas para atajarlo, lentas y tímidas. La extrema derecha
hace gala de un populismo negacionista que a estas alturas ya no es posible
achacar a la ignorancia, sino al cinismo. Solo este puede explicar
intervenciones como la del diputado de Vox, Francisco José Contreras, quien se
ha permitido frivolizar afirmando que “si se calienta un poco el planeta se
reducirán las muertes por frío”[1].
Las agresiones sufridas por la
selva son muchas, por lo que no se pueden abordar en un espacio de tiempo tan breve.
Por tanto, la conferencia se centrará tan solo en un aspecto, la explotación de
hidrocarburos y se ocupará, salvo alguna breve referencia, de su impacto en el departamento
peruano de Loreto. No obstante estas limitaciones, salvando las referencias a
cada caso concreto, los problemas que vamos a tratar son en gran medida
extrapolables no ya al resto de la Amazonia, sino en general a todas las
grandes selvas tropicales, ya se encuentren estas en la cuenca del Congo o en
la isla de Borneo, por mencionar algunas a título de ejemplo. Todas ellas se
encuentran en retroceso, sometidas a una enorme presión que busca hacer
rentable un territorio considerado improductivo. Mientras, nosotros repostamos
en la gasolinera, compramos en el supermercado o comemos en el burger, a
menudo sin preocuparnos por la procedencia de la gasolina, del aceite de palma
o de la carne; y mucho menos por los efectos que su obtención haya podido tener
sobre sus territorios de origen y sobre las poblaciones que los habitan.
La Amazonia, con sus aproximadamente
7 000 000 de km2 de los que 783 000 corresponden a Perú, constituye
la mayor selva tropical del planeta; una ecorregión de cuya asombrosa
biodiversidad da una idea el hecho de que en el bajo Nanay, en los alrededores
de Iquitos, se hayan contado en 1988 doscientos setenta y cinco árboles por
hectárea o doscientas especies de mamíferos y ciento noventa y cuatro de
reptiles[2].
Su enorme extensión la convierte además en un elemento clave en el ciclo del CO2
y, por tanto, en la regulación del clima del planeta.
En la Amazonia peruana habitan
además cincuenta y un pueblos indígenas que hablan cuarenta y ocho lenguas y
viven en unas diez mil comunidades campesinas[3].
Más concretamente, Loreto, que representa el 55 % de la selva del Perú, alberga
a unos veintisiete pueblos indígenas, que conforman el 32 % de la población del
departamento[4]. A la
enorme diversidad biológica hay que sumar, pues, una gran riqueza cultural.
Durante la época virreinal la presencia
española en la Amazonia fue escasa y, tras las primeras exploraciones, la
protagonizaron fundamentalmente misioneros jesuitas y franciscanos. Los
primeros, que penetraron desde Quito descendiendo por el Napo hasta el Marañón
crearon las misiones de Maynas; en tanto que los segundos, desde Lima siguieron
los cursos del Huallaga y del Ucayali. Era un territorio selvático, considerado
pobre y hostil, que carecía de minas y cuyos habitantes, dedicados a una
agricultura de subsistencia, a la caza, la pesca y la recolección, no
producían, al contrario de lo que ocurría en los Andes, unos excedentes con los
que pudiera mantenerse una clase profesional de administradores y sacerdotes. Los
misioneros, por su parte, hicieron cuanto estuvo en su mano por mantener a los blancos
alejados de los indios, convencidos de que aquellos, con su rapacidad y
violencia, constituían un obstáculo para la evangelización. Como señala Jesús
San Román, la vida en las misiones, si bien otorgaba un apreciable grado de
protección a los indígenas, implicaba notables cambios en su modo de vida,
entre ellos la sedentarización y la reglamentación de las tareas, muchas de
ellas nuevas, bajo la dirección de los religiosos. A esto se sumaban a menudo
conflictos surgidos de la convivencia entre gentes de diversos grupos étnicos,
y la difusión de epidemias, propiciada por el aumento de los contactos en una
población más concentrada. De ahí que en los documentos de los misioneros sean
frecuentes las referencias a la rebeldía de los indios ante la disciplina, y
que en muchos casos estos optaran por retornar a su forma de vida anterior[5].
La actividad de los jesuitas terminó abruptamente con su expulsión en 1769. Ni
el clero regular enviado desde Quito, ni los franciscanos fueron capaces de
mantener las reducciones de Maynas y todo un sistema trabajosamente erigido se
vino abajo.
El territorio quedó abierto a
comerciantes que a menudo abusaron de la buena fe y del desconocimiento por los
indígenas de las normas y usos de una economía mercantil. De esta forma
establecieron con ellos unas relaciones marcadas por la desigualdad, lo que les
permitió a menudo multiplicar sus ganancias. Un efecto de este comercio fue la
difusión del consumo de alcohol. Podemos imaginar la Amazonia de las décadas
finales del siglo XVIII e iniciales del XIX como un territorio de frontera al
que apenas llega la autoridad gobierno. Tras la independencia, en Perú, al
igual que en la mayor parte de las nuevas repúblicas, se desarrolló el interés
por la colonización de unas tierras apenas exploradas a las que se suponía un
gran potencial económico y a las que, con arreglo a la mentalidad de la época,
se consideraba habitadas por salvajes. En 1830 el Reglamento para Gobernadores
de la provincia de Maynas describe a los indígenas amazónicos como reacios al
trabajo, motivo por el que
«viven desnudos, entregados al ocio y a la más espantosa miseria de
que proviene su ninguna civilización y su desdichada muerte porque se alimentan
de reptiles venenosos y frutas montaraces y dañosas…»[6].
Como consecuencia de esta visión,
se promulgaron sucesivas leyes para estimular la colonización. La ley de 21 de
noviembre de 1832 establecía que se entregarían tierras de forma gratuita a
todos los nacionales o extranjeros que se estableciesen en el territorio. Esta
sería la tónica de iniciativas posteriores tendentes a hacer la Amazonia
atractiva para la inmigración, especialmente la de europeos, a quienes se
suponía emprendedores y laboriosos, adornados, en suma, con las virtudes de la
civilización, lo que los convertía en el contrapunto del salvaje. Su
establecimiento serviría no solo al
objetivo de explotar unos recursos que se consideraban desaprovechados, sino
también al de «mejorar la raza», esto es, blanquearla haciendo que disminuyera el componente
indígena. El hecho de que esas tierras que se regalaban estuvieran habitadas no
constituía un obstáculo para que fueran consideradas vacías, ya que sus
pobladores, clasificados como salvajes, no eran tenidos más que como obstáculos
en el camino del progreso. Se les podía, por tanto, eliminar o desplazar sin
miramientos o, en el mejor de los casos, incorporar a la sociedad en una
posición subordinada como fuerza de trabajo barata y fácilmente reemplazable.
No obstante el interés puesto,
los resultados de estos incentivos fueron modestos, lo que contrasta con el
éxito colonizador, o el desastre si lo miramos desde el lado indígena, de los
Estados Unidos o de Argentina. La razón probablemente haya que buscarla en que
el clima y las dificultades para establecer explotaciones agrícolas o ganaderas
en la selva desanimaban a los posibles pioneros blancos.
Es una situación que solo cambia
a partir de 1880 con la explotación del caucho. Era este una materia prima cuya
demanda no cesaba de aumentar al ritmo de la industrialización, pero que solo
podía obtenerse en las selvas tropicales, donde los árboles que lo producían no
formaban bosques uniformes, sino que crecían dispersos entre otros de muy
diversas especies. La obtención del caucho atrajo a inversores y aventureros no
solo peruanos, sino de muchas naciones europeas y de Estados Unidos. En poco
tiempo se hicieron grandes fortunas. Pero era una riqueza amasada con la sangre
y el sufrimiento de los indígenas, sometidos a un régimen de terror.
Asesinatos, violaciones, mutilaciones, azotes, deudas forzadas e imposibles de
saldar, se utilizaron para obligarlos a trabajar en condiciones de auténtica
esclavitud. En suma, un trato brutal, cuya crueldad no constituye una excepción
en la relación establecida por los blancos civilizados con los habitantes de las
tierras colonizadas. Recordemos, por mencionar tan solo algunos ejemplos, la
suerte corrida por los nama y los herero en el África del Sudoeste Alemana, la
explotación del Congo Belga o la deportación de los pueblos indios en los
Estados Unidos.
El caucho consiguió lo que
durante tanto tiempo habían intentado alcanzar los gobiernos: el
establecimiento de inmigrantes en la Amazonia. También hizo que algunos grupos
indígenas huyeran lejos de los ríos principales a lo más profundo de la selva.
Pero aquel tiempo pasó. Desde 1910 el caucho silvestre dejó de ser competitivo
frente al obtenido en las plantaciones del sudeste asiático. Y entonces se hizo
patente que los beneficios de aquel fabuloso negocio no habían revertido en
ningún grado en el territorio de origen, sino que se habían dilapidado en la
importación de productos europeos y otros gastos suntuarios. La falta de
inversiones sumió entonces a los departamentos amazónicos en un largo marasmo.
El presidente Fernando Belaúnde impulsó
durante su primer mandato (1963-1968) una serie de ambiciosos proyectos
destinados a conectar la Amazonia con el resto del país y promover su
colonización. Entre ellos destaca la carretera Marginal de la Selva que sigue
el piedemonte oriental de los Andes desde la frontera con Bolivia hasta la de
Ecuador. Antes de acceder a la presidencia había expuesto los planteamientos
que guiarían su actuación en un libro que significativamente se titula La
conquista de la Amazonía por los peruanos. Según Marc Dourojeanni para
Belaúnde:
«[La Amazonia era] una tierra inhóspita y vacía pero pletórica de
recursos que debían ser explotados para beneficio de los peruanos del resto del
Perú. Por eso, su estrategia declarada incluía la conquista, la ocupación y la
colonización como medios para hacer realidad la explotación de esa región.
Complementaba su ideario amazónico con medidas para aumentar su población
mediante la migración y para “incorporar los nativos a la civilización”. Esto
era una réplica modernizada del colonialismo europeo del siglo anterior que,
precisamente cuando inaugurado el primer gobierno de Belaúnde, estaba viviendo
sus últimos días en África antes de ser sustituido por el neocolonialismo. La
población indígena amazónica era ignorada o considerada como un estorbo, como
“salvajes” cuyas tierras podían ser ocupadas o aprovechadas»[7].
Las vías de
comunicación, construidas sin ningún tipo de consideración ambiental,
favorecieron la deforestación al hacer más accesible la selva a cultivadores de
coca y madereros ilegales. Esto propició choques con los indígenas, como el
ocurrido en 1964 cuando un grupo de mayorunas se enfrentó, causándoles dos
muertos, a unos madereros que habían invadido su territorio. En represalia
helicópteros militares, con apoyo aéreo de los Estados Unidos, ametrallaron y
bombardearon con napalm tres aldeas indígenas.
Aunque la búsqueda de petróleo en la Amazonia peruana se había iniciado en 1930, los primeros hallazgos fueron de poca entidad y no fue hasta finales de los años sesenta del siglo XX cuando, tras el descubrimiento de yacimientos en Ecuador, el gobierno de Velasco Alvarado decidió impulsar la explotación petrolera. Para ello y a fin de evitar un monopolio extranjero, se creó en 1969 una empresa estatal, Petroperú, dedicada al transporte, el refinado, la distribución y la comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo.
Si bien las constituciones de
1920, 1933 y 1979 habían reconocido la existencia legal de las comunidades
indígenas y las dos últimas habían declarado sus tierras inembargables e
inalienables, la realidad es que su aplicación se vio a menudo frenada y
desvirtuada. Además, estos derechos se referían exclusivamente a la superficie,
pues el subsuelo, y con él las reservas mineras y petrolíferas, es según las
sucesivas constituciones propiedad del Estado, que puede conceder su usufructo.
De hecho, hasta la aprobación en 1974, durante la presidencia de Velasco
Alvarado, de la Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las
regiones de Selva y Ceja de Selva, fue
habitual que las empresas petroleras al instalarse en un lugar habitado para
iniciar los trabajos de exploración, simplemente exigieran a la población local
que se marchara a otro sitio[10].
Esta ley, encaminada a favorecer la colonización concedía títulos de propiedad
sobre sus tierras a los pueblos indígenas, pero sin reconocer sus territorios
tradicionales. Además de que la titulación avanzó muy lentamente, las tierras
comunales quedaron sujetas a servidumbre de paso de gasoductos y oleoductos, e
instalaciones para la explotación minera y petrolera (art. 29 b). Cuatro años
más tarde, siendo presidente Morales Bermúdez, se promulgó la Ley de
Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva que
modificaba en algunos aspectos la anterior. Así, su artículo 11 establece que
las tierras de aptitud forestal no serán propiedad de las comunidades nativas,
sino cedidas a estas por el Estado.
La Constitución de 1993, aprobada tras el golpe de Estado de Alberto Fujimori, supuso un retroceso en los derechos de los indígenas amazónicos, pues eliminó el carácter inalienable e inembargable de las tierras comunales. Eso no impidió que el 2 de febrero de 1994, Perú ratificara el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, cuyo artículo 4 apartado 1 establece que deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados; y que reconoce en el artículo 6 el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. El derecho a la consulta está reconocido también por los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en 2007; en tanto que el artículo 29 afirma su derecho a la “conservación del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras y territorios y recursos”. El ejercicio de este derecho, sin embargo no quedó regulado hasta la aprobación de la Ley 29785 en septiembre de 2011, siendo presidente Ollanta Humala.
Entre los grupos dirigentes del Perú aún predominaba, sin embargo, la idea de que el país y en particular la Amazonia atesora una inmensa riqueza de la que no se obtienen beneficios debido a las trabas ideológicas y burocráticas con que choca su aprovechamiento. Así lo expresó el presidente Alan García en un artículo publicado el 28 de octubre de
2007 en el diario El Comercio. Tras enumerar los grandes recursos naturales del territorio nacional: forestales, hídricos, pesqueros, mineros, etc., señalaba cómo ideologías anticuadas y preocupaciones medioambientales impedían su óptima utilización, y proponía una política que estimulara las grandes inversiones. Llama especialmente la atención que considerara que la preocupación por el impacto ambiental de las explotaciones mineras es un vestigio del pasado, impropio del siglo actual[11].De acuerdo con este
planteamiento, en 2008 se aprobó una serie de decretos legislativos que, con la
finalidad de remover los obstáculos a la inversión privada, limitaban los
derechos comunales. Dado que no hubo consulta previa a las comunidades nativas,
los decretos incumplían el Convenio 169 de la OIT y la citada declaración de
las Naciones Unidas, como señalaron diversas organizaciones, entre ellas el
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). En febrero de
2009, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
(CEACR) de la OIT instó al gobierno a consultar a los pueblos indígenas y
denunció la expansión de la minería y de la prospección y explotación de
hidrocarburos[12]. La
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) convocó una
serie de movilizaciones que culminaron con las jornadas de protesta del 9 de
agosto de 2008 y del 9 de abril de 2009. Durante esta última, los indígenas
cortaron carreteras y vías fluviales. La intervención del ejército el 5 de junio
para despejar la carretera Fernando Belaúnde, bloqueada por unos tres mil
awajún y wampis, se saldó con violentos enfrentamientos que continuaron al día
siguiente en las ciudades de Bagua, Bagua Grande y Jaén. Según la Defensoría
del Pueblo se produjeron treinta y tres víctimas mortales, de las cuales
veintitrés eran policías. Una misión de la Federación Internacional de Derechos
Humanos que se desplazó al Perú entre el 16 y el 20 de junio entrevistó a
testigos que afirmaron que el número de civiles muertos había sido muy superior
a los diez reconocidos, pero no pudo documentar la veracidad de sus testimonios[13].
Alan García responsabilizó a
políticos extremistas de utilizar a los indígenas. Por su parte, al inicio de
las protestas, el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, había acusado a
las ONG de querer mantener a las comunidades indígenas en la pobreza, a fin de
recibir mayor financiación internacional[14].
En ambos casos se presenta al indio como si fuera un menor ignorante que se
dejara instrumentalizar por organizaciones ajenas a sus auténticos intereses.
Se trata de una visión claramente racista, frente a la cual cabe recordar unas
palabras del activista awajún Santiago Manuin, fallecido en julio del año
pasado por covid y que había sufrido graves heridas en los incidentes de Bagua:
«No estamos en contra del desarrollo ni de la inversión, las
necesitamos […] Necesitamos una inversión bien trabajada, un desarrollo pensado
desde la selva y a favor de la selva, que también va a ser lo mejor para el
Perú […] Deben existir personas conscientes que ayuden a resolver la devastación,
la explotación irracional de los recursos naturales, que ayuden a crear un
nuevo modelo de desarrollo para nuestras selvas, cómo enriquecer mejor el
trabajo de las maderas sin terminar con ellas, cómo usar nuestros recursos sin
contaminar nuestros ríos, cómo seguir en nuestras tierras sin vivir en otro
lado»[15].
Como ya se ha dicho, el Estado
peruano es el propietario del subsuelo y, por lo tanto, está capacitado para
otorgar concesiones para su explotación. En la cuenca amazónica esto se traduce
en que un 9 % del territorio ha sido destinado a la pequeña y mediana minería,
y un 12 % a lotes de hidrocarburos. Estos últimos ocupan unos 11 millones de
hectáreas, con 8 lotes en etapa de exploración y 18 en etapa de explotación,
superpuestos total o parcialmente a cuatrocientas doce comunidades.
La actividad petrolera se realiza
en dos fases, la de exploración y la de explotación. La primera consiste en la
búsqueda de hidrocarburos en el subsuelo, para lo cual se realizan estudios
geológicos, geofísicos y geoquímicos de prospección. Si los resultados son
satisfactorios se pasa a la segunda fase en la que se perforan los pozos, se
instalan tuberías y campamentos, se abren caminos, etc. Ambas provocan grandes
impactos ambientales consistentes en emisión de contaminantes atmosféricos,
incluidos óxidos de nitrógeno, monóxido y dióxido de carbono y óxidos de azufre,
en vertido de desechos en forma de lodos y agua caliente salada altamente
tóxicos. En cuanto a la deforestación, esta oscila entre moderada y significativa,
en cualquier caso inferior a la producida por la actividad maderera o ganadera[16].
En los años 2013 y 2014 el
gobierno peruano declaró la emergencia ambiental y sanitaria en las cuencas de
los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. En este territorio Yaiza
Campanario Baqué y Cathal Doyle[17]
han estudiado las malas prácticas desarrolladas por la empresa Pluspetrol Norte
concesionaria de los lotes 1AB (desde 2013, lote 192) y 8. Entre otras señalan
que hasta abril de 2009 la empresa vertió las aguas de producción directamente
a los ríos. Se trata de unas aguas presentes en los yacimientos de petróleo que
brotan junto con este. Su temperatura es elevada, presentan altas
concentraciones de cloruros y suelen contener metales pesados, tales como arsénico,
cadmio, cromo, cobre, plomo, mercurio y zinc así como hidrocarburos aromáticos
e isótopos de radio. Entre 1984 y 1996 el Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana (IIAP) encontró altas concentraciones de cobre, plomo, zinc y
mercurio en algunas especies de peces, así como cromo, cadmio, arsénico e
hidrocarburos solubles en el río Corrientes. Sin embargo, el Estado no adoptó
ninguna medida. Aunque desde 2002, tras la caída de Fujimori, la Federación de
Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACO) exigió a Pluspetrol que
reinyectara las aguas de producción, es decir, que las devolviera al
yacimiento, algo que en Estados Unidos estaba regulado desde 1950, el problema
persistió, de forma que en 2005 el Ministerio de Salud descubrió que el 98 % de
los achuar presentaban altos niveles de plomo y cadmio en la sangre. Incluso
después de 2009, cuando ya se reinyectaban todas las aguas de producción, el
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (OSINERGMIN) encontró
que en algunos pozos de los lotes 1AB/192 y 8 aquella no se realizaba
adecuadamente. En 2014 un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) señaló que la compañía no comprobaba la calidad de las aguas
reinyectadas ni su impacto en el agua subterránea.
El informe de la OEFA recogió
otras irregularidades, entre ellas, falta de impermeabilización en estanques de
almacenamiento de hidrocarburos, quema de gas en condiciones no controladas,
vertimiento directo de aguas industriales, inadecuado manejo de sustancias
químicas y de residuos sólidos, abandono no declarado de instalaciones, suelos
contaminados por hidrocarburos y falta de supervisión de aguas subterráneas y
superficiales[18].
La explotación del lote 8 afecta
a la Reserva Nacional Pacaya Samiria, situada entre los ríos Marañón y Ucayali
y territorio ancestral del pueblo kukama. Con 28 000 km2 es el área
natural protegida más extensa del Perú. Se
trata de una zona con una gran biodiversidad, pero, según señala un informe de
E-Tech publicado en 2014, las aguas superficiales de los humedales están
contaminadas, lo que constituye una amenaza para la flora, la fauna y las
comunidades humanas.
«se
observaron numerosos derrames a lo largo del oleoducto, las líneas de flujo
desde los pozos hasta la batería, alrededor de las plataformas de producción
(actuales y abandonadas), y los sumideros de desechos. Evidencia de los
derrames incluye petróleo crudo que se encuentra en la superficie del suelo o
flotando en el agua, al fondo de cochas, y mezclado con la vegetación. Además,
se encontró mucho suelo con fuertes olores de combustible, y la presencia de
suelo manchado. Los resultados de laboratorio del estado confirman las
observaciones»[19].
Entre otras muchas
irregularidades, E-Tech señala que el ducto de 17 km para el transporte de
diesel desde la batería 3 hasta San Miguel de Saramuro no tiene revestimiento
de protección, presenta altos niveles de corrosión y que en algunos tramos está
sumergido. La existencia de fugas se evidencia por las películas de petróleo
visibles en la superficie del agua[20].
La contaminación se observa también en el suelo y en la vegetación[21].
Claudia Grados Bueno y Eduardo
Pacheco Riquelme entrevistaron en 2014 a varios comuneros kukama de la Reserva
Nacional Pacaya Samiria. Recojo tres de sus testimonios:
«Salimos de esta isla al río y todito el ancho del río nos
damos cuenta que era negro. Yo metía mi pie y me daba cuenta que en mis pies se
pegaba negro, negro. Y me paro así del bote y veo negro, todito, señorita, todo
el ancho del río. Y la gente de Santa Rita ya estaba alarmada, totalmente
alarmada. Todito el día, tremendas planchas, ¡negro de verdad!»[22].
«Antes había mucho mijano, tú los escuchabas venir, sonaba como
balas en la quebrada. Había doncella, zúngaros, incluso paiches había antes,
era solo peces grandes, ahora solo pez chiquitito que tienen otro sabor»[23].
«Teníamos que comerlo, si no qué íbamos a comer; pensábamos que en la
carne no estaba el petróleo, pero ya cuando han venido a examinar los técnicos
se han dado cuenta de que estaba contaminado»[24].
Les transmito también los
testimonios de dos comuneros kichwa de la zona del río Tigre, citados por Cara
Clancy y Sarah Kerremans:
«Ya no hay alimentación para nosotros como antes. Ya no produce la
tierra como antes, produce, pero las piñas, las coconas, las yucas, son
chiquitas. Los pescados también son chicos, tienen un deje feo, ellos también
están enfermos»[25].
«Como gritaban a la hora de morir. Todos vomitaban sangre. Acá
murieron en menos de dos años 27
personas. De mis hijos se han muerto tres. Nos hemos cansado de llorar»[26].
Pluspetrol Norte es una empresa
subsidiaria de Pluspetrol Resources Corporation, que además de en Perú opera en
Colombia, Argentina, Venezuela y Bolivia. Fundada en 1976 por las familias
argentinas Rey y Poli, desde 1995 está registrada en las Islas Caimán, un
conocido paraíso fiscal. Aunque el registro se mantiene allí, en el 2000 la
sede se instaló en Amsterdam, donde sorprendentemente cuenta con un solo
empleado. En 2003 estableció una alianza estratégica con la Corporación
Petrolera Nacional China, que adquirió un 45 % de Pluspetrol Norte. En la
explotación de los lotes, junto a Pluspetrol Norte participan mediante contratos
de asociación Korea National Oil Corporation, Daewoo International y SK
Innovation. Su director ejecutivo es el estadounidense Steve Crowell, pero el
control de la empresa, cuya información pública es muy poco clara, parece
seguir en manos de las familias fundadoras.[27].
Pese a todas las evidencias, Pluspetrol no
tiene empacho en proclamar en su web su buen hacer medioambiental y su apoyo a
las comunidades indígenas:
«implementa mecanismos para el cuidado del agua que incluyen
procesos de reutilización y acciones de concientización para sus empleados.
También aplica alternativas tecnológicamente apropiadas para el tratamiento del
agua residual e implementa controles exhaustivos para garantizar la calidad de
los vertidos.
Gran parte
de nuestras operaciones se desarrollan en áreas habitadas por comunidades
indígenas, de gran riqueza natural y biodiversidad. Impulsamos iniciativas que
aseguran el cumplimiento y protección de sus derechos, considerando el contexto
socioambiental y cultural. Estas
iniciativas se encuentran inspiradas en los instrumentos de carácter
internacional y local en materia de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos
Indígenas[28]».
Sin embargo, los hechos muestran,
como estamos viendo, que la imagen ecológica y hasta filantrópica que
Pluspetrol intenta proyectar es tan solo un recurso publicitario que nada tiene
que ver con la realidad de su actuación en la Amazonia.
La concesión del lote 1AB/192 expiró
el 29 de agosto de 2015. Para entonces, en cumplimiento del Decreto Supremo
039-2014-EM aprobado en noviembre de 2014, durante la presidencia de Ollanta
Humala, debía haber presentado un Plan de Abandono en el que constaran las
acciones de descontaminación, restauración, reforestación, retirada de
instalaciones, etc. Sin embargo, el plan presentado en enero de 2015 no cumplía
los requisitos exigidos. La Dirección General de Asuntos Medioambientales
Energéticos, detalló las deficiencias en 125 observaciones, a las que hay que
sumar 28 realizadas por la Autoridad Nacional del Agua y 21 del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entre otras cabe destacar que
Pluspetrol no asumía el saneamiento de 92 áreas contaminadas, tampoco consideraba
asuntos socioculturales y de patrimonio cultural en relación con los pueblos
indígenas y no incluía medidas ante reclamaciones de compensación o
indemnización por parte de las comunidades ni información sobre la reinyección
de aguas de producción y sobre el estado de 200 pozos[29].
Ante el rechazo del Plan, Pluspetrol intentó diversos recursos para demorar el cumplimiento de sus obligaciones.
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Desechos Tóxicos denunció su
actuación en su informe de 2016:
«Mientras que algunas empresas actúan de manera responsable y de buena
fe, otras se comportan con impunidad. Por ejemplo Occidental Petroleum y
Pluspetrol han dejado miles de sitios contaminados en la Amazonía peruana tras
unos 40 años de producción de petróleo, contaminando los alimentos y el agua de
las comunidades indígenas locales. Pluspetrol abandonó los sitios sin reparar
los daños causados por la contaminación, pese a la obligación contractual que
había asumido de limpiar la contaminación generada por ambas empresas. Un nuevo
operador Pacific Stratus Energy, sigue produciendo petróleo en la región, pese
a la seria corrosión de los oleoductos que con frecuencia se rompen y causan
grandes derrames de petróleo, que agravan la contaminación»[30].
Un informe de la Defesoría del
Pueblo señaló en 2018 que la población del área de influencia del lote 1AB/192
se hallaba en riesgo por la exposición a metales pesados y por los constantes
derrames de petróleo. Además instó al Estado a que atendiera las demandas de
las comunidades relacionadas con servicios básicos como agua y saneamiento y a
la remediación ambiental de las fuentes de agua y alimentación[31].
Tras ello y ante los incumplimientos de Pluspetrol, cuatro federaciones
indígenas representativas de los pueblos achuar del río Corrientes, kichwa del
Tigre, quechua del Pastaza y kukama del Marañón presentaron en marzo de 2020
una denuncia en los Países Bajos, donde, como se ha señalado, tiene su sede la
empresa[32].
En diciembre de ese mismo año, tras el rechazo por el Ministerio de Energía y
Minas de su tercer Plan de Abandono, que no detallaba cómo remediaría 373
sitios contaminados ni atendía las 1199 infracciones notificadas por la OEFA,
Pluspetrol Norte anunció su liquidación. Tras ello, según una información de
Juan Saldarriaga publicada el 21 de enero de este año en el diario El Comercio,
la compañía estatal Petroperú podría hacerse cargo del lote 8 abandonado por
Pluspetrol Norte y que sumaría al 192 y al 64, así como al oleoducto Norperuano[33].
Otro ejemplo de un lote de
hidrocarburos en un área protegida lo constituye la Reserva Comunal Amarakaeri,
situada en Madre de Dios, un departamento por otra parte especialmente
castigado por la minería ilegal. Se creó esta mediante Decreto Supremo el 9 de
mayo de 2002 con el objetivo de mantener y
desarrollar los valores culturales de las comunidades nativas harakbut y proteger
un centro de gran diversidad biológica, por ser un refugio de variadísimas
especies de flora y fauna[34].
Eso no impidió que en 2006 el gobierno entregara la concesión del lote 76, que
ocupa toda la superficie de la reserva, a la estadounidense Hunt Oil Company of
Perú, la cual vendió el 50 % de sus acciones a la española Repsol[35].
Los efectos de la explotación
petrolera no se limitan a la deforestación, la emisión de gases de efecto
invernadero y la contaminación de aguas y suelos. Frederica Barclay sintetiza
el impacto de las fases de exploración y de construcción del oleoducto en las
zonas rurales de Loreto. En un primer momento estos trabajos requirieron un
gran aporte de mano de obra, lo que llevó a un abandono de las actividades
agrarias por lo que los alimentos llegaron a escasear y los precios subieron. Posteriormente,
ya a finales de la década de los setenta, debido a que muchas prospecciones
fueron abandonadas al no obtenerse los resultados esperados y a que otras
entraron en fase de explotación, lo que redujo la demanda de mano de obra no
cualificada, se produjo un éxodo masivo de la población rural hacia las
ciudades, en especial a Iquitos[36].
El caso del lote 1AB/192 al que en tantas ocasiones me he referido, nos permite
ejemplificar estas palabras. Se asienta este en el límite con Ecuador a lo
largo de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre. Según cuenta Doris Buu-Sao en un
artículo publicado en 2018[37]
para acceder allí desde Lima era preciso combinar distintos medios de
transporte: avión, carro, avioneta y canoa, lo que hacía que el viaje pudiera
durar hasta cuatro días. Ciertamente el lote cuenta con aeropuerto, pero en él
solo operaban los vuelos que trasladaban a los empleados de Pluspetrol. Se
trata, pues, de un territorio aislado dentro del ya de por sí lejano Loreto, un
departamento cuya capital, Iquitos, carece de enlace por carretera con el resto
del Perú. La puesta en marcha de la explotación exigió la construcción de
grandes infraestructuras: pozos, tanques, estaciones de bombeo, carreteras
entre las instalaciones, aeropuerto, a las que hay que añadir el oleoducto
Norperuano. Parece obvio que la realización de tales trabajos precisó de una
gran aportación de mano de obra, gran parte de la cual quedaría desempleada a
su finalización.
Dado lo remoto de su
emplazamiento, algo que se repite en otros lotes petroleros, el sistema de
funcionamiento generalmente utilizado consistía en que los trabajadores
cualificados, no la mano de obra local, permanecían tres semanas en las
instalaciones y luego disfrutaban de una semana de descanso, que solían
aprovechar para visitar a sus familias. Durante los períodos de trabajo el tiempo
libre lo pasaban en Andoas, la mayor comunidad nativa de las inmediaciones, lo
que propició que en esta aparecieran establecimientos hosteleros y burdeles e
indujo la monetarización de la economía, el consumo de alcohol, la
multiplicación de embarazos no deseados y la propagación de enfermedades de
transmisión sexual[38].
La actuación de empresas
extractivas en territorios indígenas genera economías de enclave, es decir,
regidas por unos mecanismos económicos ajenos al territorio en que se
establecen, poco articuladas con la economía nacional y que solo benefician
marginalmente al país. Yaiza Campanario y Cathal Baqué[39]
señalan que en los lotes controlados por Pluspetrol se ha establecido una
relación de marcada dependencia económica entre la población local y la
empresa, facilitada por la débil presencia del Estado en la zona y en general
en la Amazonia. Esto se traduce en que el Estado, aparte de no realizar un
control adecuado de las actividades desarrolladas por aquella, renunció a
ofrecer a la población servicios básicos como la salud, cuya satisfacción quedó
al albur de la buena voluntad de la empresa. Así, en muchos lugares no hay más
médicos que los que trabajan para ella y solo ella dispone de medios aéreos
para trasladar a los enfermos graves. Queda, pues, en manos de la empresa la
decisión sobre la atención que debe darse a los pacientes. Además, debido al
deterioro ambiental, no solo disminuyen las cosechas y escasea la pesca, sino
que tanto el agua como las plantas y animales tradicionalmente consumidos
presentan altos niveles de hidrocarburos y de metales pesados. Esto obliga a
comprar productos llegados de fuera, cuyos precios son elevados, lo que se
agrava por el hecho de que al margen de la empresa hay pocas posibilidades de
acceder a ingresos monetarios. Estas circunstancias han propiciado el
surgimiento de empresas comunales a las que Pluspetrol contrata para
actividades de escasa cualificación y mal pagadas, tales como desmonte y
limpieza de derrames y de chatarra, que a menudo se realizan sin medidas de
seguridad. Este sistema es utilizado por la petrolera como un medio de control
de la población local, ya que le permite sancionar a los elementos críticos
dejándolos fuera de los contratos. Así se expresa un monitor ambiental kukama:
«En la parte social [la empresa] ha alterado la cultura de las
comunidades de la zona de Saramuro. Ahora ha cambiado la forma de vida. Antes
la comunidad se caracterizaba por la costumbre que es de nosotros compartir
entre ellos. Ahora todo es negocio, han aumentado los bares, la prostitución y
la pobreza. Más pobreza porque solamente la empresa tiene algunas personas que
trabajan, los más allegados, solo ellos trabajan, y a la gente más pobre no les
dan trabajo. Más pobreza porque ya no tiene pesca ni para que coma ni para que
pueda vender y no tiene alimentación y no le dan trabajo. La gente roba de los
basureros de la empresa. Eso es lo más lamentable».[40]
En su relación con los indígenas,
Pluspetrol ha evitado la negociación con sus federaciones, pese a que estas
están reconocidas como entidades representativas y son interlocutoras del Estado.
Por el contrario, ha buscado desprestigiar a sus dirigentes con la acusación de
que utilizaban sus puestos en beneficio propio y ha intentado, en cambio,
alcanzar acuerdos con las comunidades locales, que, al contrario que las
federaciones, carecen de asesores y abogados, lo que acentúa el desequilibrio
en el trato con la empresa.
Así, pese a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Constitución, las comunidades indígenas han sufrido que sin consultarlas se les impusiera un modelo de desarrollo que las condena a la pobreza, pone en grave riesgo su salud y amenaza su identidad cultural.
Ante esta situación las
federaciones indígenas han respondido con numerosas movilizaciones, fruto de
las cuales fueron la mencionada declaración de Emergencia Ambiental en las
cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón y la creación en 2014
de una Mesa de Desarrollo para las Cuatro Cuencas, de la que son miembros el
Estado, las federaciones indígenas y Pluspetrol. El organismo quedó, sin
embargo, lastrado desde su inicio dado que Pluspetrol se negó a llegar a
acuerdos al ver rechazada su exigencia de derecho a veto sobre las decisiones
adoptadas[41].
Situaciones conflictivas se dan
también en otras explotaciones petroleras. En el lote 95, operado por la
canadiense Petrotal, el 8 de agosto de 2020 un grupo de unos setenta kukamas
intentó entrar en las instalaciones de la empresa en demanda de medicamentos y
de una indemnización por el uso de su territorio. En el curso de la protesta la
policía disparó con armas de fuego causando la muerte a tres manifestantes. Sin
relación con la explotación petrolera, pero sí con la defensa del medio
ambiente y de las tierras de los pueblos originarios, hay que añadir los repetidos asesinatos de dirigentes indígenas y
activistas medioambientales. Por mencionar solo los últimos casos, cinco en
2020 y dos en lo que llevamos de 2021.
En octubre de 2019, el documento
final del Sínodo Especial para la Amazonia[42]
enumeró las amenazas a que se enfrenta este territorio:
«… apropiación y privatización de bienes de la naturaleza, como
la misma agua; las concesiones madereras legales y el ingreso de madereras
ilegales; la caza y la pesca predatorias; los megaproyectos no sostenibles
(hidroeléctricos, concesiones forestales, talas masivas, monocultivos, carreteras,
hidrovías, ferrocarriles y proyectos mineros y petroleros» (10).
La presión sobre sus tierras y la
falta de oportunidades provocan el desplazamiento de familias indígenas,
ribereñas, campesinas y afrodescencientes (29). El campo se despuebla y sus habitantes,
en especial los jóvenes, acuden a las ciudades, donde la realidad que
encuentran defrauda a menudo sus expectativas y los aboca a situaciones de
«pobreza, violencia, prostitución infantil, explotación sexual,
uso y tráfico de drogas, embarazo precoz, desempleo, depresión, trata de
personas, nuevas formas de esclavitud, tráfico de órganos, dificultades para
acceder a la educación, salud y asistencia social»
(30).
Esta población desplazada se
asienta en zonas insalubres carentes en muchos casos de servicios tan básicos
como el agua potable y el alcantarillado, Miguel Ángel Cadenas, entonces
vicario regional de los Agustinos en Iquitos, comentaba en un artículo
publicado el pasado 28 de abril una sentencia judicial sobre una demanda de los
habitantes de dos asentamientos en Punchana (uno de los distritos en que se
estructura Iquitos). Ambos se hallan
atravesados por un caño a cielo abierto por el que descargan aguas residuales
directamente al Amazonas y los vecinos simplemente pedían la construcción de alcantarillas.
Aunque en principio obtuvieron una sentencia favorable, en la vista del recurso
presentado por las municipalidades de Punchana y Maynas, a las que
correspondería sufragar la obra, los jueces fallaron en su contra. Hay que
decir que no de manera unánime, pues la magistrada Roxana Chabela Carrión
Ramírez emitió un voto particular en el que argumentaba que esas aguas
residuales no solo son dañinas para el medio ambiente sino que contienen
elementos patógenos extremadamente peligrosos para la salud humana[43].
Su solitaria dignidad evoca la de los jueces Rómulo Paredes y Carlos Valcárcel quienes
ciento diez años atrás intentaron procesar al cauchero Julio César Arana por
crímenes contra los indígenas.
El anterior es tan solo un
ejemplo de las deplorables condiciones de vida que padecen muchos habitantes de
la ciudad. Recomendaciones para evitar el contagio de covid, tales como lavarse
las manos con frecuencia o mantener la distancia social, no pueden sonar más
que como una burla a oídos de quienes carecen de agua potable, ocupan viviendas
precarias en asentamientos informales y no tienen empleo regular. La pandemia
sobrecarga además un sistema sanitario débil y ya sometido a presión por la
epidemia de dengue que, iniciada en octubre de 2019, afecta especialmente a los
departamentos amazónicos.
Esa riqueza supuestamente inmensa
de la Amazonia marcha lejos y a sus habitantes, como en la época del caucho, no
les queda más que pobreza y sufrimiento. La contaminación y la deforestación
los afectan a ellos en el momento presente, pero también las sufrirán sus hijos
y sus nietos; y nosotros porque los gases de la atmósfera y el agua de los
océanos no se atienen a fronteras, ni pueden erigirse muros para contener su
circulación. Ahora sabemos que las emisiones contaminantes y la deforestación
alteran el clima, que el Ártico cada invierno tarda más en helarse, que enormes
plataformas de hielo se desprenden de la Antártida, que los glaciares
retroceden y que se hacen más frecuentes los episodios atmosféricos extremos.
Urge adoptar medidas antes de que sea demasiado tarde. No faltan, sin embargo,
políticos que quitan importancia al problema o niegan sus causas antrópicas;
que se resisten a adoptar cualquier medida que limite la actuación de las
empresas y con ella las posibilidades de enriquecimiento de sus accionistas. Son
los mismos que ante la legítima angustia que nos oprime ante un futuro
incierto, en lugar de afrontar los problemas, esgrimen consignas identitarias y
excluyentes del tipo “nosotros primero” y señalan como culpables a los
calificados como “otros”, es decir, los
que no pertenecen a nuestro grupo, azuzando contra ellos el miedo y el odio.
Horkheimer y Adorno indicaron que
«la historia real se halla entretejida de
sufrimientos reales»[44].
Hoy he querido que entreviéramos el sufrimiento de las poblaciones amazónicas,
en especial el de los pueblos originarios, víctimas de una idea del progreso y
del desarrollo económico que les ha sido impuesta desde fuera. Una concepción que
ve a la naturaleza como una fuente inagotable de recursos prestos a entregarse
a quienes con inteligencia, valor y determinación se muestren capaces de
explotarlos. La Europa eufórica de la revolución industrial, orgullosa de sus
descubrimientos científicos y sus avances técnicos, dominadora, en fin, del
mundo, imaginó la sociedad como un ámbito en que los individuos, las empresas, las
naciones y las razas se enfrentan en una lucha por la vida en la que triunfan
los más aptos. El hecho de que los europeos y sus descendientes se hubieran
impuesto a las poblaciones locales en todos los continentes se consideró prueba
indiscutible de su superioridad; el mismo argumento permitió justificar en las
metrópolis la riqueza y el poder de los grupos dirigentes. Los trabajadores,
sometidos a jornadas extenuantes a cambio de una mísera remuneración, se
encontraban en esta situación debido a su capacidad inferior. Eran, en
definitiva, los “perdedores”, pues de haber tenido iniciativa y carácter, de
haber sido emprendedores, habrían escalado hasta los más altos puestos. Desde
entonces los europeos hemos arrastrado al mundo a las dos guerras más
terroríficas que haya conocido la humanidad y hemos perpetrado el Holocausto y diversos
genocidios. Quizá debiera ser razón suficiente para que nos acercáramos a otras
culturas con una actitud menos arrogante que la de nuestros antepasados. Lamentablemente
el darwinismo social continúa firmemente arraigado y florecen con fuerza el
racismo y la xenofobia.
Para finalizar solo me queda
expresar mi agradecimiento a dos religiosos agustinos, Manolo Berjón y Miguel
Ángel Cadenas, a quien anteriormente he mencionado. Ambos vivieron un tiempo en
nuestra ciudad y luego, hace ya muchos años, marcharon a la Amazonia peruana.
Allí acompañan a las comunidades locales, comparten sus problemas y esperanzas
y trabajan incansablemente por la justicia. Ellos han contribuido a que se
despertara en mí el interés por la Amazonia y me han proporcionado una gran
cantidad de información. El nombramiento hace apenas unos días, el 15 de mayo,
de Miguel Ángel como obispo de Iquitos me ha llenado de alegría. Considero que es
una excelente noticia para los loretanos y para todos los que amamos a la
Amazonia y nos sentimos inquietos por su futuro.
Notas
[1] Intervención en la Comisión para la transición ecológica y reto demográfico. Congreso de los Diputados de España. Diario La Vanguardia, 8-4-2021.
[2] Salas-Gismondi, Rodolfo; Flynn, Jhon; Baby, Patrice; Tejada-Lara, Julia y Antoine, Pierre-Olivier (2014
[3] Hallazi Méndez, Luis A. (2020, p. 58.
[4] Clancy, Cara y Kerremans, Sarah (2016).
[5] San Román, Jesús O.S.A. (1994), p. 86.
[6] Citado por San Román, Jesús O.S.A. (1994), p. 119.
[7] Dourojeanni, Marc J. (2017)..
[8] Barclay, Frederica (2011 p. 3..
[9] Hallazi Méndez, Luis A. (2020), p. 59.
[10] Barclay, Frederica (2011), p. 4.
[11] García Pérez, Alan (2007).
[12] FIDH (2009) ,p. 21.
[13] FIDH (2009), p. 43.
[14] FIDH (2009), p. 39.
[15] FIDH (2009), p. 34.
[16] Cardoso, Andrea Soledad (2018), p. 130.
[17] Campanario Baqué, Yaiza y Doyle, Cathal (2017), p. 59 y siguientes.
[18] Campanario Baqué, Yaiza y Doyle, Cathal (2017), p. 67-70.
[19] E-Tech international (2014),p. 25.
[20] E-Tech international (2014), p. 13.
[21] E-Tech international (2014), p. 25.
[22] Grados Bueno, Claudia V. y Pacheco Riquelme, Eduardo M. (2016), p. 45.
[23] Grados Bueno, Claudia V. y Pacheco Riquelme, Eduardo M. (2016), p. 48.
[24] Grados Bueno, Claudia V. y Pacheco Riquelme, Eduardo M. (2016), p. 54.
[25] Clancy, Cara y Kerremans, Sarah (2016), p. 3.
[26] Clancy, Cara y Kerremans, Sarah (2016), p. 3.
[27] Campanario Baqué, Yaiza y Doyle, Cathal (2017), p. 158.
[28] http://www.pluspetrol.net/peru/ppn.php
[29] Campanario Baqué, Yaiza y Doyle, Cathal (2017), p. 97.
[30] Citado en Campanario Baqué, Yaiza y Doyle, Cathal (2017), p. 108.
[31] Carrillo Rojas, Jorge (2020)..
[32] https://observatoriopetrolero.org/federaciones-indigenas-amazonicas-denuncian-ante-autoridades-de-paises-bajos-los-danos-causados-por-petrolera-pluspetrol/#noticia-contenido Visto el 18 de marzo de 2021.
[33] Saldarriaga, Juan (2021).
[34] https://www.sernanp.gob.pe/amarakaeri. Visto el 19 de mayo de 2021.
[35] Cardoso, Andrea Soledad (2018), p. 125.
[36] Barclay, Frederica (2011), p. 5
[37] Buu-Sao, Doris (2018) p. 107.
[38] Buu-Sao, Doris (2018), p. 109.
[39] Campanario Baqué, Yaiza y Doyle, Cathal (2017), p. 113 y ss.
[40] Campanario Baqué, Yaiza y Doyle, Cathal (2017), p. 115.
[41] Campanario Baqué, Yaiza y Doyle, Cathal (2017), p. 125.
[42] Documento Final del Sínodo Especial para la Amazonía, http://www.synod.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/documento-final-de-la-asamblea-especial-del-sinodo-de-los-obispo.html
[43] Vicariato Regional de los Agustinos en Iquitos (2021).
[44] Horkheimer, Max y Adorno, Theodor W. (1998), Dialéctica de la Ilustración, Trotta, Madrid, p. 93.
Bibliografía
Barclay, Frederica (2011), “¿Qué ha significado el petróleo
en la configuración de Loreto como región?”, Foro 40 años de petróleo en
Loreto: en busca de lecciones. http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2011/11/Qu%C3%A9-ha-significado-el-petr%C3%B3leo-en-la-consolidaci%C3%B3n-de-Loreto-como-una-regi%C3%B3n-Frederica-Barclay.pdf.
Visto el 7 de mayo de 2021.
Buu-Sao, Doris (2018), “Enfrentarse a la industria
petrolera: dependencia cotidiana y protesta en la selva peruana”. América
Latina Hoy, 79, 2018, p. 103-124, Ediciones Universidad de Salamanca.
Campanario Baqué, Yaiza y Doyle, Cathal (2017), El daño
no se olvida. Impactos socioambientales en territorios de pueblos indígenas de
la Amazonía norperuana afectado por las operaciones de la empresa Pluspetrol,
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad, Lima.
Cardoso, Andrea Soledad (2018) “Amazonía peruana: disputa
por el territorio en torno al extractivismo en hidrocarburos en Madre de Dios
(2006-2015)”, en Pérez Gañan, Rocío y Zarrilil, Gustavo (compiladores), La
criminalización de las resistencias como última estrategia desarrollista de
despojo en América Latina, Buenos Aires, Ediciones Ciccus.
Carrillo Rojas, Jorge (2020), “Pluspetrol Norte anuncia su
liquidación y abandona recuperación de sitios contaminados en tierras indígenas”,
Ojo Público, Lima, 21 de diciembre de 2020, https://ojo-publico.com/2352/pluspetrol-norte-busca-liquidarse-y-no-recuperar-sitios-contaminados.
Visto el 18 de mayo de 2021.
Clancy, Cara y Kerremans, Sarah (2016), “La dependencia
petrolera y la Amazonía peruana”, Instituto Chaikuni, https://chaikuni.org/es/news/la-dependencia-petrolera-y-la-amazonia-peruana.
Visto el 9 de mayo de 2021.
Diario La Vanguardia, Barcelona, 8-4-2021.
Documento Final del Sínodo Especial para la Amazonía,
http://www.synod.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/documento-final-de-la-asamblea-especial-del-sinodo-de-los-obispo.html
Dourojeanni, Marc J. (2017), “Belaúnde en la Amazonia”,
CAAAP, https://www.caaap.org.pe/2017/06/12/belaunde-en-la-amazonia-por-marc-j-dourojeanni/
Visto el 24 de mayo de 2021.
E-Tech international (2014)
Contaminación Petrolera en La Reserva Natural Pacaya Samiria, febrero
2014, Santa Fe, Nuevo México, U.S.A.
FIDH (2009) “Perú-Bagua: Derramamiento de sangre en el
contexto del paro amazónico. Urge abrir diálogo de buena fe”. FIDH, Federación
Internacional de Derechos Humanos. Octubre 2009, Nº 529 e.
García Pérez, Alan (2007) “El síndrome del perro del
hortelano” El Comercio, Lima, 28 de octubre de 2007.
Grados Bueno, Claudia V. y Pacheco Riquelme, Eduardo M.
(2016), “El impacto de la actividad extractiva petrolera en el acceso al agua:
el caso de dos comunidades kukama kukamiria de la cuenca del Marañón (Loreto,
Perú)”, Anthropologica, año XXXIV, N.º 37.
Hallazi Méndez, Luis A. (2020) “Minería en la Amazonia: una
pesadilla desarrollista”, Amazonia, la batalla por la última frontera, La
Vanguardia, Dossier, nº 76, abril/junio 2020.
Horkheimer, Max y Adorno, Theodor W. (1998), Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Trotta.
Observatorio petrolero: https://observatoriopetrolero.org/federaciones-indigenas-amazonicas-denuncian-ante-autoridades-de-paises-bajos-los-danos-causados-por-petrolera-pluspetrol/#noticia-contenido Visto el 18 de marzo de 2021.
Pluspetrol: http://www.pluspetrol.net/peru/ppn.php? Vista el 17 de mayo de 2021.
Salas-Gismondi, Rodolfo; Flynn, Jhon; Baby, Patrice; Tejada-Lara, Julia y Antoine, Pierre-Olivier (2014), “Sobre el origen de la biodiversidad amazónica”, Iquitos, Telefónica del Perú.
Saldarriaga, Juan (2021), “Petro-Perú podría asumir el lote
8 tras retiro de Pluspetrol, según la SPH”. El Comercio, Lima, 21 de
enero de 2021.
San Román, Jesús O.S.A. (1994) Perfiles históricos de la
Amazonía Peruana, Iquitos, Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía,
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana (Primera edición 1975).
Sernanp: https://www.sernanp.gob.pe/amarakaeri. Visto el 19 de mayo de 2021.
Vicariato Regional de los Agustinos en Iquitos (2021),
“Derecho a la ciudad: comentario a una sentencia judicial”, La candela del
ojo, 28 de abril del 2021, http://lacandeladelojo.blogspot.com/2021/04/vicariato-regional-de-los-agustinosen.html.
Visto el 23 de mayo de 2021.
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